/2025/03/923220-cristina-20captura.jpg)
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, en la que anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que considera una persecución judicial en su contra.
El pronunciamiento se produce luego de que quedara firme su condena en la causa Vialidad, una decisión que además la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En ese contexto, la ex mandataria sostuvo que su situación trasciende lo personal y constituye un ataque contra el proyecto político que representa y contra “la voluntad soberana del pueblo argentino”.
En el texto, Cristina Fernández afirmó que las decisiones judiciales en su contra forman parte de un proceso de “proscripción política” cuyo objetivo es impedir que vuelva a competir electoralmente.
“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, expresó.
Además, vinculó su situación con una presunta discriminación de género dentro del sistema judicial argentino. Sostuvo que fue juzgada no solo por sus actos de gobierno, sino también por “su condición de mujer” y por haber ejercido el liderazgo político “con firmeza”.
En ese sentido, recordó el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y afirmó que el nivel de violencia política y estigmatización del que fue objeto contribuyó a generar el clima que derivó en aquel atentado.
La ex presidenta también enmarcó su caso en un fenómeno internacional, al señalar que en distintos países se utiliza al Poder Judicial para excluir de la competencia política a dirigentes con respaldo popular.
“Una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política”, sostuvo.
Como parte de la estrategia internacional que anunció, informó que incorporó a su defensa a los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, ambos especialistas en derecho internacional y derechos humanos.
Asimismo, recordó que en 2022 un grupo de juristas internacionales —entre ellos Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Patricio Pazmiño Freire— ya había denunciado ante organismos internacionales las presuntas irregularidades en las causas judiciales en su contra.
Hacia el final de la carta, Cristina Fernández reiteró su convicción de que demostrará su inocencia y envió un mensaje a sus seguidores.
“Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”, escribió, antes de convocar a “no bajar los brazos” y asegurar que “ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular”.
La publicación concluye con un llamado a defender la democracia, los derechos humanos y la participación política, al tiempo que manifestó su confianza en que “muy pronto volveremos a encontrarnos” para “construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor y la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio”.
