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La Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora dejó sin efecto la medida cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, restableciendo la plena vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil (Ley 27.801) en todo el territorio bonaerense.
La magistrada había frenado la norma por un plazo de 60 días al dar lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. En su planteo, Pascual sostuvo que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura ni las condiciones profesionales o edilicias para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema, advirtiendo sobre el riesgo de hacinamiento y un aumento en los niveles de violencia.
Al revertir la decisión, los camaristas señalaron que las leyes sancionadas según los mecanismos constitucionales gozan de presunción de legitimidad. Remarcaron que un juez no puede suspender la aplicación general de una ley nacional mediante una medida cautelar sin lesionar la división de poderes, y coincidieron con la fiscalía en que la suspensión previa se basó en hipótesis sobre consecuencias futuras sin acreditar la violación concreta de derechos en casos individuales.
