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La carta abierta fue dirigida a los senadores nacionales y lleva la firma de integrantes de universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, entre ellas las de Avellaneda, Hurlingham, Lanús, La Plata, Moreno, Noroeste, Quilmes, San Martín y Tres de Febrero, además de la Universidad Tecnológica Nacional y la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense.
Los firmantes sostienen que el proyecto establece un régimen de beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante décadas y mecanismos de protección jurídica para grandes inversiones tecnológicas, sin establecer —según advierten— compromisos suficientes en materia de empleo local, transferencia tecnológica o desarrollo nacional.
“El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación”, señala uno de los principales cuestionamientos incluidos en la carta.
De acuerdo con el documento, el régimen permitiría a grandes corporaciones acceder a importantes ventajas fiscales y regulatorias. Entre los beneficios mencionados se encuentran una alícuota reducida de Ganancias del 15% durante 30 años, libre disponibilidad de exportaciones e importaciones, estabilidad regulatoria, fiscal y cambiaria por tres décadas, exenciones de aranceles de importación y protección mediante mecanismos de arbitraje internacional.
Los científicos cuestionan especialmente que esos beneficios no estén acompañados, según su análisis, por exigencias verificables de generación de empleo local, inversión en investigación y desarrollo o transferencia de tecnología.
También ponen en duda que las exenciones impositivas sean determinantes para atraer inversiones vinculadas a centros de datos, al señalar que la evidencia internacional indica que existen otros factores de mayor peso a la hora de definir su localización.
Otro de los ejes centrales de la carta es el impacto ambiental que podrían tener los grandes centros de datos asociados a la inteligencia artificial.
Los investigadores advierten que este tipo de infraestructura requiere elevados volúmenes de electricidad y agua y plantean la necesidad de contar con regulaciones estrictas sobre el uso de los recursos naturales y las emisiones de carbono.
“En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones”, señala el documento.
La carta también plantea una contradicción entre los beneficios que el proyecto otorgaría a grandes inversiones tecnológicas y la situación actual del sistema científico y universitario argentino.
Los firmantes cuestionan el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado. A su entender, esas condiciones dificultan la construcción de una estrategia de desarrollo tecnológico basada en capacidades nacionales.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, el documento menciona particularmente a las universidades del conurbano —UNAHUR, UNDAV, UNM, UNAJ y UNQ— y advierte sobre una creciente asimetría entre los beneficios fiscales previstos para grandes capitales y el deterioro del presupuesto universitario público.
Los autores de la carta pidieron a los senadores que analicen el proyecto no solamente desde sus posibles beneficios económicos inmediatos, sino también considerando sus consecuencias a largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para definir políticas públicas.
El documento también cuestiona el alcance de los mecanismos de arbitraje internacional y menciona el litigio relacionado con YPF como antecedente de los costos que, según los firmantes, puede generar la pérdida de margen de acción jurisdiccional en sectores estratégicos.
El proyecto contempla inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en sectores como megacentros de datos de inteligencia artificial, minería, hidrocarburos, infraestructura digital estratégica, semiconductores y biotecnología.
La carta concluye con un llamado a buscar inversiones y promover nuevas tecnologías, pero sin resignar de manera permanente las herramientas regulatorias del Estado.
“Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio”, sostienen los científicos, que cierran el documento con una definición contundente: “No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación”.
Esta es la carta que enviaron a los legisladores:
