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Legisladores de La Libertad Avanza impulsan un proyecto para modificar el régimen vigente de discapacidad en la Argentina (cabe recordar que aún el Gobierno Nacional no está aplicando la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó), una iniciativa que ya comenzó a generar debate entre organizaciones del sector, profesionales y dirigentes políticos.
La propuesta es promovida por el gobierno del presidente Javier Milei y apunta a introducir cambios en el sistema de pensiones por invalidez, las auditorías a beneficiarios y el esquema de prestaciones.
Uno de los puntos centrales del proyecto plantea la realización de auditorías y un reempadronamiento general de quienes reciben pensiones por discapacidad. Según el planteo oficial, el objetivo es revisar los casos vigentes y detectar posibles irregularidades en el sistema. De ser así, todos los beneficiarios deberán volver a acreditar su discapacidad.
En ese sentido, desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca “ordenar y transparentar” el régimen de beneficios. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la discapacidad advierten que el proceso podría generar preocupación entre los beneficiarios si no se garantizan criterios claros y plazos adecuados para las evaluaciones.
Otro de los aspectos que se discuten tiene que ver con las pensiones no contributivas por invalidez, que en el proyecto quedarían establecidas en un monto equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima.
Además, la propuesta contempla nuevas reglas de compatibilidad con el empleo formal, lo que también generó cuestionamientos en algunos sectores que promueven políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Es decir, si la persona consigue trabajo en relación de dependencia podría perder el beneficio. Actualmente existen esquemas que permiten compatibilizar ambos en algunos casos.
Hay un punto que también afecta a los prestadores de salud (kinesiólogos, centros de día, transportistas): Se eliminaría el Nomenclador Único, lo que permitiría que cada obra social o prepaga negocie los aranceles de forma independiente, lo que para muchos significa que los tratamientos van a dejar de ser rentables o directamente se van a cortar.
Distintas organizaciones del sector ya manifestaron su preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones en el acceso a pensiones y prestaciones, por lo que se espera que el tema genere un fuerte debate político y social en las próximas semanas.
Debate social de que, si no se presentan las verdaderas personas que lo presisan siguen afanando como siempre me parece bárbaro que auditan todo