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Los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de RESET Republicano, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios nacionales por la posible comisión del delito de estragos, previsto en el artículo 189 del Código Penal.
La presentación alcanza también al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y al presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman, además de integrantes del directorio y el síndico de la entidad.
Según sostiene RESET Republicano, la denuncia se fundamenta en la presunta subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. Los denunciantes consideran que esta situación habría contribuido al deterioro de las vías y, consecuentemente, al aumento de la siniestralidad y de las muertes vinculadas a accidentes de tránsito.
En el escrito judicial, la organización cuestiona específicamente la administración de los recursos destinados al denominado “Sistema Vial Integrado” (SisVial).
“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, sostiene la presentación.
Los abogados también apuntaron contra la discontinuidad de los relevamientos y de la información periódica sobre el estado de las rutas nacionales. Para RESET Republicano, esto habría impedido contar con un seguimiento adecuado sobre el deterioro de la red vial.
Desde la organización reclamaron al Poder Judicial una intervención rápida y plantearon que la situación podría configurar una violación sistemática de derechos humanos, debido al riesgo que representa para quienes circulan diariamente por las rutas nacionales.
La denuncia fue presentada el 12 de agosto de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y busca determinar si las decisiones u omisiones atribuidas a los funcionarios denunciados tuvieron relación con el deterioro de las rutas y sus posibles consecuencias sobre la seguridad vial.
