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Las comunidades educativas del distrito de Chacabuco, docentes, estudiantes y familias, tienen el derecho de saber cómo, por qué y con qué criterios se están reorganizando las escuelas públicas del partido. Hasta ahora, ese derecho no fue respetado. En las últimas horas y días, la Jefatura Distrital de Educación a cargo de Andrea Castronuevo avanzó en la fusión de cursos y el cierre de secciones en distintas instituciones del distrito. Lo hizo sin explicaciones públicas, sin criterios comunicados formalmente y, en muchos casos, sin respetar los tiempos de notificación que la ley y la organización laboral exigen.
Escuelas con matrículas similares recibieron tratamientos diferentes, en algunas se cerraron cursos y en otras con las mismas características no. No hubo explicación. No hubo documento público. No hubo diálogo previo con las comunidades afectadas.
¿CON QUÉ CRITERIO SE DECIDIÓ? Esa es la pregunta central que Andrea Castronuevo no respondió. Y la falta de respuesta no es un detalle administrativo: es un problema político e institucional grave.
Cuando el Estado toma decisiones que afectan directamente a docentes, estudiantes y familias sin dar explicaciones, no está ejerciendo su función con responsabilidad. Está ejerciendo discrecionalidad. Y la discrecionalidad sin control, en la gestión pública, se llama arbitrariedad.
Queremos ser claros: no estamos diciendo que reorganizar el sistema educativo sea incorrecto. Las jefaturas distritales tienen facultades para gestionar la matrícula, optimizar recursos y planificar la oferta educativa. Eso es parte de su función. Pero esa función debe ejercerse con criterios claros, con planificación real, con comunicación oportuna y con respeto hacia las personas que sostienen el sistema. Nada de eso ocurrió.
En el mismo período en que se cierran cursos y se fusionan secciones, la Jefatura Distrital anuncia nuevas carreras y propuestas educativas para el distrito.
Nos preguntamos y tenemos la obligación de hacerlo públicamente, si esas nuevas propuestas fueron gestionadas con recursos genuinos, debidamente planificados y aprobados con anterioridad. O si, en cambio, las horas necesarias para sostenerlas provienen del cierre de los cursos que mencionamos.
¿Se generaron primero las nuevas propuestas y luego se buscó de dónde sacar las horas? ¿Hubo una planificación real que garantice que ninguna comunidad educativa existente pagara el costo de las novedades? ¿Sabe la Jefatura Regional de Florencia Ratto lo que está ocurriendo? ¿Lo avala?
Detrás de cada curso cerrado hay docentes que pierden horas de trabajo, que pasan meses en la incertidumbre, que organizaron su vida y la de sus familias sobre la base de una situación laboral que luego cambió sin aviso suficiente. Hay estudiantes que vieron modificada su trayectoria escolar. Hay familias que no saben bien qué pasó ni por qué.
Además el intendente Darío Golía y el gobierno municipal no pueden mantenerse al margen de esta situación. La educación pública no es una responsabilidad exclusivamente provincial. Lo que ocurre en las escuelas del partido ocurre en el territorio que su municipio administra y representa. Además, también fue parte de los anuncios de las nuevas carreras. La comunidad tiene derecho a reclamar que se informe claramente de dónde provienen los recursos destinados a estas nuevas propuestas educativas, y si existe alguna relación entre esas nuevas propuestas y los cursos eliminados. Y también es parte Florencia Ratto que tiene que explicar que supervisión ejerció su Jefatura Regional sobre estas decisiones y bajo qué criterios las avaló.
Transparencia, criterios claros y responsabilidad institucional. No es demasiado pedir.
Comité Alem — Unión Cívica Radical Chacabuco
