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El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) presentó su informe parcial correspondiente al primer semestre de 2026. Los datos muestran un escenario complejo: por un lado, una tendencia histórica a la baja que ubica a este semestre como el de menor cantidad de registros desde que comenzó la medición en 2017; por el otro, la dolorosa vigencia de una estadística que no da tregua: en la Argentina, una mujer es asesinada cada 42 horas por el solo hecho de serlo.
Durante los primeros seis meses del año se registraron 103 víctimas de muertes violentas por motivos de género. Al analizar el desglose de los casos, la alarmante complejidad de esta problemática social queda en evidencia:
- 82 femicidios directos.
- 6 femicidios vinculados (asesinatos cometidos para causar dolor a la mujer).
- 5 transfemicidios.
- 5 suicidios feminicidas (mujeres que se quitan la vida acorraladas por una violencia sistemática).
- 5 casos asociados a redes de narcotráfico o crimen organizado.
La paradoja de la baja histórica y las alertas fallidas
Si bien la cifra de 103 víctimas representa un descenso notable en comparación con el mismo período de 2017 —cuando se reportaron 150 casos—, los especialistas advierten que no hay margen para el optimismo.
Uno de los datos más alarmantes y que pone bajo la lupa la efectividad de las medidas de protección estatal es que el 21,4% de las víctimas (22 mujeres) ya había realizado denuncias previas contra sus agresores. Este indicador experimentó un incremento del 6% respecto a períodos anteriores, lo que evidencia una falla crítica en los mecanismos de prevención, seguimiento y resguardo una vez que la víctima rompe el silencio.
El peligro está en casa: Lejos del mito del callejón oscuro, el hogar sigue siendo el espacio más hostil. El 70% de los crímenes ocurrió puertas adentro: 41 casos en el domicilio compartido y 31 en la vivienda de la víctima.
Retrato de las víctimas y sus agresores
El informe detalla que la franja etaria más afectada se concentra entre los 31 y los 50 años (48 casos). Sin embargo, la violencia también golpeó con dureza a los eslabones más vulnerables: 12 víctimas eran menores de 18 años (seis de ellas ni siquiera habían cumplido los 12 años) y dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
En cuanto a los agresores (se identificaron 105 en total), la inmensa mayoría pertenecía al círculo íntimo de las víctimas: en el 86% de los casos existía una relación previa (parejas o exparejas), mientras que solo el 6,4% de los ataques fue perpetrado por desconocidos.
Además, el informe arroja luz sobre perfiles específicos y conductas posteriores al crimen:
- Fuerzas de seguridad: 5 de los agresores son o fueron miembros de fuerzas policiales o de seguridad.
- Sicariato: En 3 casos se constató el uso de sicarios para cometer el crimen.
- Suicidio del atacante: El 10% de los femicidas (20 personas) se quitó la vida inmediatamente después del hecho, y otros 9 lo intentaron sin éxito.
El mapa del riesgo en el país
Aunque en números absolutos la provincia de Buenos Aires lidera la trágica estadística con 29 casos (lo que de todas formas representa una baja de 19 hechos respecto a 2025), la perspectiva cambia drásticamente al analizar las tasas de riesgo según la población femenina de cada jurisdicción.
Bajo este análisis de riesgo relativo, las provincias del norte y el litoral se consolidan como las más peligrosas para las mujeres:
| Jurisdicción | Tasa de riesgo relativo | Casos absolutos |
| Santiago del Estero | 0,00130 | 7 |
| Entre Ríos | 0,00096 | 7 |
| Santa Fe | 0,00093 | 17 |
| Salta | 0,00081 | Variable |
| Chaco | 0,00069 | Variable |
Las víctimas colaterales y el abandono del Estado
Más allá de las vidas truncadas de manera directa, el impacto social del flagelo deja heridas profundas en la infancia. En lo que va del año, 79 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre a causa de la violencia de género.
La Defensoría del Pueblo lanzó una dura advertencia sobre la desprotección que sufren estos huérfanos. A pesar de que en la Argentina rige la Ley N.º 27.452 (conocida como Ley Brisa), que establece una reparación económica y cobertura de salud para los hijos de víctimas de femicidio, el organismo advirtió sobre la existencia de “severas falencias administrativas” que demoran, traban o directamente impiden que los menores accedan a este derecho fundamental en el momento de mayor vulnerabilidad de sus vidas.
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