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Cada 9 de junio debemos recordar uno de los episodios más oscuros de la historia argentina: los fusilamientos de 1956 ordenados por la autodenominada Revolución Libertadora, que yo prefiero llamar Revolución Fusiladora.
Luego del derrocamiento del gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, comenzó una etapa de persecución política contra el pueblo peronista, sus dirigentes, trabajadores y militantes. Lo que inicialmente se presentó bajo la consigna de “ni vencedores ni vencidos” terminó convirtiéndose en una feroz cacería política cuando Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas desplazaron a Eduardo Lonardi y profundizaron la represión.
El 9 de junio de 1956, apenas nueve meses después del golpe, militares y civiles encabezados por el general Juan José Valle se levantaron para exigir tres cuestiones fundamentales: el fin de la persecución al peronismo, la liberación de los presos políticos y la restitución de la Constitución Nacional de 1949, una de las más avanzadas de nuestra historia, elaborada por destacados juristas y que reconocía derechos sociales fundamentales para el pueblo argentino.
Aquella sublevación fue infiltrada por los servicios de inteligencia del régimen y rápidamente sofocada. Lo que siguió fue una verdadera barbarie. Violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, se aplicaron fusilamientos y penas de muerte mediante normas dictadas con posterioridad a los hechos, algo jurídicamente inadmisible.
Militares y civiles fueron ejecutados. Entre ellos, las víctimas de los tristemente célebres fusilamientos de José León Suárez, una masacre que años más tarde sería investigada y denunciada por Rodolfo Walsh en su histórica obra “Operación Masacre”, lectura imprescindible para comprender aquella etapa de nuestra historia.
El propio general Valle decidió entregarse con la esperanza de detener el derramamiento de sangre. Sin embargo, también fue fusilado. Su sacrificio quedó grabado para siempre en la memoria de quienes luchan por la democracia, la justicia y la soberanía popular.
Pocos días después, el régimen avanzó aún más con el decreto 4161, que prohibía mencionar el nombre de Perón, de Eva Perón y hasta las realizaciones del gobierno justicialista. Se llegó incluso al secuestro y ocultamiento del cuerpo de Evita, en uno de los actos más aberrantes de persecución política que registra nuestra historia.
