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En la edición de este lunes del Boletín Oficial, se formalizó la Resolución Conjunta 3/2026 firmada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta medida establece un nuevo esquema de fiscalización para la identidad varietal en grano, una normativa que busca modernizar el control de la propiedad intelectual en el campo argentino, con un impacto directo en los procesos de comercialización de nuestra región.
A continuación, los puntos clave de la resolución y cómo afectará la operatoria en el primer punto de entrega.
1. Control en el “Primer Punto de Entrega”
La normativa establece que el control de la identidad de las semillas se realizará a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega del grano. Esto implica que todos los establecimientos que funcionen como acopios o plantas de procesamiento deben estar debidamente registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
2. Participación del Sector Privado
Uno de los pilares de esta resolución es la articulación público-privada.
- Los responsables de los acopios podrán suscribir acuerdos con entidades privadas para financiar las actividades de toma de muestras y coordinar su análisis.
- El análisis de las muestras queda reservado exclusivamente a las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que cuenten con convenios específicos con el INASE.
3. Uso de Tecnología Avanzada
El texto oficial fundamenta la medida en el “significativo avance de la tecnología”, que hoy permite determinar la identidad varietal en plazos reducidos y con una solidez probatoria superior para las actuaciones administrativas. El análisis deberá realizarse bajo métodos reconocidos oficialmente por el Instituto.
4. El Protocolo de Denuncia y Sanciones
- Notificación inmediata: Una vez realizado el análisis, los resultados se enviarán simultáneamente al titular de la variedad (el obtentor) y, a título informativo, al dueño de la muestra.
- Plazos: El titular de la semilla protegida tendrá hasta 60 días corridos para efectuar una denuncia ante el INASE si detecta una irregularidad.
- Resguardo de muestras: La entidad que realizó el análisis debe conservar una “muestra de respaldo” por 60 días, la cual deberá ser remitida al INASE en caso de que se inicie una acción sumaria.
- Penalidades: Quienes incumplan estas disposiciones serán sancionados según el Artículo 38 de la Ley de Semillas (Ley 20.247).
Un cambio hacia el futuro: Solo para cultivares nuevos
Es fundamental destacar que este protocolo no es retroactivo. Según el Artículo 9º, el sistema se aplicará únicamente a los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la publicación de esta resolución.
Con esta medida, desde el Gobierno afirman que buscan incentivar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades vegetales, garantizando que quienes invierten en tecnología genética puedan proteger sus derechos de obtentor de manera eficiente y transparente. Para los productores de Chacabuco, esto significa una progresiva transformación en la forma en que se valida la legalidad de la semilla en cada campaña.
La resolución entra en vigencia a partir de hoy, lunes 8 de junio de 2026.
Esta es la resolución completa:
document-1El “salvavidas” para el pequeño productor: ¿Qué pasa con el uso propio?
Una de las mayores preocupaciones en los caminos rurales y las asambleas locales de Chacabuco es el destino del derecho al uso propio (la reserva de grano de la propia cosecha para volver a sembrar en la campaña siguiente).
- Exclusión de lo viejo: El nuevo sistema de control genético en los acopios se aplicará únicamente a los cultivares que resulten inscriptos a partir de la publicación de esta norma.
- Garantía de “Status Quo”: Esto significa que todas las variedades de soja o trigo que los productores locales ya vienen utilizando legítimamente quedan totalmente fuera de este esquema de control por IA. Si un agricultor decide no adoptar las nuevas tecnologías premium y seguir con sus semillas habituales, su ecuación económica no se verá alterada.
- La pulseada gremial: Más allá de esta resolución, las entidades rurales (como CRA y Federación Agraria) siguen presionando en el Congreso para que, cuando estas nuevas tecnologías se vuelvan masivas, se garantice por ley una “gratuidad segmentada” que proteja definitivamente a quienes siembran a menor escala (con topes propuestos de hasta 500 hectáreas).
