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A menos de un día de su entrada en vigencia formal en todo el país, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sufrió un fuerte freno judicial en la provincia de Buenos Aires. La magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender por un plazo preventivo de 60 días la puesta en marcha de la normativa dentro del territorio bonaerense.
La medida judicial se dictó tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. El planteo central de la organización —respaldado por la jueza— advierte sobre el inminente colapso edilicio e institucional del sistema penal juvenil bonaerense si se incorpora inmediatamente al universo de menores de entre 14 y 15 años.
Los argumentos de la resolución
En su fallo, la jueza Pascual sostuvo que el Estado provincial no cuenta actualmente con la infraestructura, el personal técnico ni las condiciones materiales indispensables para cumplir con la ley sin violar derechos fundamentales de los adolescentes.
- Capacidad operativa insuficiente: La magistrada cuestionó si el Estado puede ampliar el juzgamiento penal de menores sin haber adaptado previamente los centros de contención y detención existentes.
- Advertencia sobre la inseguridad: En los fundamentos, se destacó que hacinar a adolescentes en establecimientos sin condiciones adecuadas genera un efecto adverso en materia de seguridad ciudadana a largo plazo, aumentando la violencia en la reincorporación social.
- Principio precautorio: Basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y fallos internacionales, el juzgado determinó que no se debe esperar a que se concrete el daño o el hacinamiento masivo para adoptar medidas de resguardo.
Citación a las autoridades bonaerenses
Para dar seguimiento al conflicto, la Justicia convocó a una audiencia clave para el próximo 16 de septiembre. En la misma deberán presentarse representantes del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para exponer el plan de contingencia, las obras proyectadas y los plazos previstos para adecuar las instalaciones bonaerenses a la nueva legislación.
Durante estos 60 días, la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad quedará en suspenso dentro de la provincia, mientras el Gobierno provincial y las carteras nacionales evalúan las vías de apelación de la medida cautelar.
