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El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín suscribió un convenio con el Ministerio Público Fiscal bonaerense para realizar acciones que ayuden a combatir el ejercicio ilegal de la profesión. El Colegio nuclea a matriculados de la región, entre ellos quienes integran el Centro de Martilleros de Chacabuco, donde recientemente se produjo un caso de lo que se conoce como franquiciado inmobiliario que motivó la intervención del Juzgado de Faltas N° 1.
El convenio fue suscripto por el presidente del Colegio de Martilleros, Daniel Di Palma, con el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand (ambos en la foto). Según lo informado, la trascendencia de este entendimiento radica en que permitirá nuclear el poder de investigación y persecución penal del Estado con el conocimiento técnico, la capacidad de fiscalización y la potestad disciplinaria del ente que nuclea a los martilleros.
Di Palma señaló que esta sinergia busca cerrar las brechas que han permitido que “individuos y empresas sin la debida habilitación operen al margen de la ley“. La meta es garantizar que la comercialización, tasación y locación de inmuebles “se realice exclusivamente por profesionales matriculados”.
El presidente del Colegio expresó que, ante la crisis socioeconómica, se ha registrado una notable proliferación de individuos y estructuras empresariales que operan sin el título universitario de martillero y corredor público y, consecuentemente, sin la matrícula habilitante que exige la normativa provincial.
Esta práctica, se explicó, no sólo constituye un delito, sino que también “conlleva un riesgo significativo para los usuarios, quienes quedan expuestos a contratos mal elaborados, tasaciones arbitrarias y, en última instancia, al fraude“.
“La comercialización de inmuebles tiene que estar en manos de profesionales habilitados. No puede ser llevado adelante por personas que no tienen un título ni matrícula habilitante”, aseveró el presidente del Colegio de Junín.
A partir de este convenio, el proceso se inicia en el Colegio con la denuncia administrativa, lo que motiva la apertura de un expediente. Luego el Colegio se encarga de la recolección de pruebas y, con el caso fundamentado, el expediente se eleva al Ministerio Público Fiscal. El siguiente paso es la acción penal, por la que las fiscalías departamentales, con el respaldo del nuevo convenio, se encargan de la instrumentación judicial necesaria para llevar a juicio al responsable.
Di Palma visitó recientemente Chacabuco luego de que aquí se produjo un caso, que fue denunciado ante el Juzgado de Faltas, en el que la venta de una propiedad era ofrecida por una persona que no contaba con el título habilitante de martillero. En esa oportunidad se explicó que en toda la provincia de Buenos Aires se están dando situaciones en las que intervienen franquicias inmobiliarias. En Chacabuco esa actividad está prohibida por una ordenanza sancionada en 2021.
