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En el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco se ingresaron dos proyectos parlamentarios enfocados en la paralización de las obras de la Ruta Nacional N° 7. A pesar de pertenecer a espacios políticos opuestos, tanto el bloque de Fuerza Patria como el de la UCR-PRO coincidieron en señalar el paulatino deterioro de la traza a su paso por el distrito y la falta de conservación.
Ambas bancadas pusieron la mirada sobre los dos sectores clave que permanecen inconclusos dentro del corredor Luján–Junín y que suman 78 kilómetros neutralizados. Por un lado, se trata de la Variante Chacabuco, el bypass de 23 kilómetros que quedó frenado cuando registraba un avance físico cercano al 75%. Por otro lado, reclaman por el tramo de 55 kilómetros entre Chacabuco y Carmen de Areco, cuya duplicación de calzada continúa sin ejecutarse ni definirse.
Un aspecto central que comparten ambos escritos es el cuestionamiento a la administración del Sistema Vial Integrado (SisVial), fideicomiso alimentado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según se detalla en las presentaciones, entre enero de 2024 y mayo de 2026 este fondo acumuló aproximadamente $1,5 billones de pesos, pero únicamente aplicó el 26,2% ($394.406 millones) a la realización de trabajos viales.
Asimismo, las bancadas denunciaron que al 31 de mayo de 2026 existían más de $1 billón de pesos inmovilizados en inversiones financieras, repartidos entre $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. Para los concejales, estos recursos con afectación específica están siendo utilizados para financiar al Tesoro Nacional en lugar de destinarse a la construcción y reparación de carreteras.
Otro punto de encuentro entre las iniciativas es la preocupación por las decisiones adoptadas por Vialidad Nacional. Ambos bloques rechazan que el Estado Nacional no vaya a asumir la finalización directa de la Variante Chacabuco y pretenda trasladar la obra a la Red Federal de Concesiones (como el denominado “Tramo Puntano”), lo que difiere la habilitación entre dos y tres años o a plazos indefinidos. Esta postergación, alertan, genera un deterioro sobre la inversión pública previa y agrava los riesgos de siniestralidad por el estado de las calzadas, banquinas y desvíos provisorios.
Aunque comparten el diagnóstico de fondo, cada espacio eligió un instrumento legislativo propio:
- Presentado por el bloque UCR-PRO, el Proyecto de Minuta de Comunicación (Expte N° 22.378) se dirige al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional para pedir informes sobre los motivos de la parálisis, el cronograma previsto y los fondos asignados, solicitando la pronta reactivación directa o mediante convenio con la Provincia de Buenos Aires.
- Por su parte, el Proyecto de Resolución (Expte N° 22.419) impulsado por Fuerza Patria exige al Gobierno Nacional el uso efectivo de los recursos del SisVial para las obras viales y la preservación del trazado ejecutado, disponiendo el envío de copia a Economía, Obras Públicas y Vialidad Nacional.
