/2026/04/Mazzone.jpg)
La reciente resolución del Gobierno Nacional respecto al esquema de pagos para los médicos de cabecera de PAMI no es una simple modificación administrativa; es, lisa y llanamente, la destrucción de un sistema que sostiene la salud de nuestros jubilados. Bajo la apariencia de un aumento —duplicando el valor de la cápita de unos 1.000 a 2.100 pesos – se esconde un ajuste feroz que condena a los profesionales a percibir, en la práctica, la mitad de sus ingresos habituales.
Históricamente, el sistema de PAMI ha transitado diversos modelos. Conocimos la época de las grandes cápitas, donde la cantidad de afiliados asignados era tan desmesurada que la atención se volvía deficiente, aunque era la única forma que tenía el médico de sostener su infraestructura. Para corregir esto, hace años se implementó un sistema mixto: una cápita básica para cubrir gastos operativos (secretaría, alquiler de consultorio) y un pago por prestación que remuneraba efectivamente el trabajo realizado en cada consulta, ya fuera en consultorio o a domicilio.
Este modelo mixto, aunque perfecto en los papeles, ya venía golpeado por débitos arbitrarios de la obra social y honorarios congelados frente a una inflación galopante. Sin embargo, permitía que el profesional que más trabajaba, más cobrara.
La nueva resolución elimina casi por completo el pago por prestaciones. Al quitar la posibilidad de facturar cada consulta realizada, el médico queda atrapado en una cifra fija que no alcanza a compensar la pérdida del variable. Para dar un ejemplo: un profesional que antes percibía 1.800.000 pesos mensuales por su labor combinada, hoy pasará a cobrar apenas 900.000 o un millón.
Este escenario es insostenible. Con estos valores, es imposible mantener un consultorio abierto, pagar sueldos de secretaría y afrontar los costos fijos. Pero el daño no es solo económico para el médico; el impacto sobre el afiliado es devastador. Al eliminar el pago por prestación, el sistema vira peligrosamente hacia la subprestación. Se incentiva un modelo donde el médico cobra lo mismo atienda o no atienda, rompiendo el vínculo de calidad y esfuerzo que debe primar en la atención primaria.
Resulta doloroso observar cómo la retórica oficial contra “la casta” termina materializándose en un ajuste contra los médicos, los docentes y las universidades. Si bien es cierto que el sistema requería correcciones para optimizar recursos, la solución no puede ser un “tiro de gracia” a los sectores esenciales de la sociedad argentina.
Estamos ante un error de gestión grave. El Gobierno Nacional está aplicando una política de achique sobre un área de extrema sensibilidad que viene a sumarse a la suspensión del Programa Remediar con la que se le quitó el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención poniendo en juego la salud de la población y de los jubilados en particular. Estos, que son quienes más demandan y necesitan servicios de salud por razones biológicas evidentes, están perdiendo lo poco que tenían en la antesala del invierno: el acceso tanto a medicamentos como a su médico de confianza.
Sin profesionales que puedan sostener sus estructuras de atención, el sistema de médicos de cabecera desaparece. No hay salud pública posible si se obliga a quienes deben brindarla a trabajar a pérdida. Lamentablemente, si no se da marcha atrás con esta medida, seremos testigos del colapso definitivo de la atención primaria para nuestros mayores y, con él, de un nuevo retroceso del sistema de salud ya deteriorado tanto a nivel nacional como provincial.
Dr. Jorge A. Mazzone
Presidente del Colegio de Médicos del Distrito I
