OPINIÓN

La Justicia ausente en el debate

Columna de opinión de Ruben Gardella.

En una presentación de Clics Modernos en el Luna Park -Diciembre del 83- Charly García decía como introito a Los dinosaurios: “…esta canción esta como pasada de moda, las cosas cambian muy rápido acá. Hace poco la historia cambió para bien, se debe haber equivocado la historia con nosotros porque casi siempre cambia para mal”. Expresaba la ilusión propia de la época.

Al hacer un corte transversal y buscar las polaroid de los noventa u ochenta de cada candidato y su lugar en el tren fantasma, no aparece saldada la discusión política sobre una de las deudas más grandes de la democracia: la justicia. Y en ese ámbito como en tantos otros el costado positivo esta en rojo.
Cuando asomaba hace 40 años la división de poderes, en épocas de recitar partes de la constitución, creímos en una independencia de los legisladores y de los jueces que se fue desdibujando. Se fueron sucediendo idas y vueltas como la Obediencia Debida, los Indultos, la falta de castigo a la corrupción para darnos cuenta que los inocentes son los culpables.

Ahora bien, como muchas cosas hoy –pobreza como ejemplo- la injusticia se potencia. Y han pasado cosas además de las atrocidades de los militares. La Amia, la Embajada, Nisman, está pasando el intento de magnicidio contra Cristina Fernández y es necesario que se debata sobre que justicia nos merecemos.
La Argentina democrática está en falta con los muertos en plazas, o por cirujanos más asesinos que cirujanos; NN sin identificar durante años, los muertos de la inundación de La Plata, un muerto incinerado en un volquete enfrente del escenario de la muerte de Nisman. Tenemos las víctimas en marchas de protesta como el Pollo Flores, Fuentealba, Kosteki, Santillán, el Pocho Lepratti y demás muertos de Diciembre de 2001. Al menos un desaparecido en democracia como Jorge Julio López, las muertes de los excesos policiales de la bonaerense. Y los cotidianos de la violencia y la inseguridad. Demasiados para una institucionalidad seria. Los pibes en un recital, la bengala pérdida de los barrabravas, el tren de Once y el Submarino San Juan. Marita Verón, Soledad, Cecilia en Chaco. Maldonado y en otra variable los del polígono al aire libre en Rosario.

Esta semana se cumple un año del atentado contra Cristina. Que dividió las discusiones por la tangente, por si era armado o no, por tantas cosas que nos hacen distraer la atención mientras se dibujan y se consagran los malos pasos investigativos que a la larga garantizan impunidad. Nos cuesta menos hablar de yegua o de borracha (para poner otra protagonista política en escena) que pedir esclarecimiento.
Hoy sabemos poco. Todavía en etapa de instrucción quedó superado por la discusión electoral y el drama de la inflación. Debería ser un alerta y provocar nuestra reflexión. Porque hoy la gente ya ni se moviliza para pedir justicia, si lo comparamos con la Plaza Congreso llena por el caso Blumberg y la solidaridad con la consigna todos somos José Luis Cabezas. Van los noticieros, cien personas protestan y sube el rating. Pero Justicia, nada.

Que se sabe: por un lado Revolución Federal, por el otro Montiel. En las sospechas el poder del primo Caputo y los servicios de inteligencia de la mano de Milman. El pedido de las partes para una instrucción suplementaria sugiere que la original no fue correcta ni prolija. Es un caso más sin esclarecimiento (ojalá me equivoque) porque si bien no terminó en una muerte demostró la debilidad del poder y los enfrentamientos entre la Federal y la maldita bonaerense. Es un hecho grave que nos obliga a crear nuestra propia escena, nuestra propia conclusión posiblemente ajustada por preconceptos ideológicos antes que esperar una investigación transparente y equitativa que de realmente con los culpables en todas sus escalas.

Esto nos aleja de esperar justicia por las cosas menores. Si en las de fondo, no hay. Si las envuelven las sombras del poder. Como en el caso Nisman, como en la Amia, como en el caso Cabezas, como en el caso Bulacio, muchos allegados a la política quedan inmersos en la trama a desentrañar.

La tardanza tampoco promueve dura lex. Y diluye hacia soluciones facilistas. Esta semana la Suprema Corte de Rio Negro decidió (por ahora porque queda el recurso nacional) después de 18 años fallar el derecho de un tal Joe Lewis a tener exclusividad sobre el Lago Escondido, por sobre los deseos de vecinos y turistas.

Datos locales. Uno es que hay varios asesinatos sin esclarecer. Cercanos –Marissi- o los que ya quedan lejanos temporalmente como el del taxista, el de Cordero, el de Lusardi. O emblemáticos por la impunidad, porque los indultos excarcelaron a los asesinos de Miguel Gil.

La falta de visión en la estructura de justicia también es peligrosa. Fue más importante un tribunal laboral que uno federal o de familia. Estas decisiones propiciadas por los legisladores implican demoras. Un juicio laboral es importante pero la resolución de un amparo por salud, de una causa de violencia o abuso, o resolver asesinatos e investigar judicialmente a bandas mixtas de narcotráfico también. La tardanza en la formación de policía pericial lleva a calles cerradas por medio día. La llegada o la partida de móviles según las necesidades del conurbano o del Ministro de turno perjudica lo preventivo y la falta de recursos resiente las trazas investigativas.

En definitiva, citemos a un Fiscal Federal que falleció recientemente y era reconocido por su trabajo y comprensión del dilema de la injusticia. Decía Federico Delgado en una columna del diario Perfil: “Frente a rígidas pautas legales que hay que cumplir, el triángulo formado por el sistema judicial, el aparato de seguridad y el Servicio Penitenciario, se las ingenió para adaptar su esquema de trabajo a las posibilidades reales. Esto es, a lo que se puede hacer. Ello supone ausencia de articulación, desconfianza entre organismos y fundamentalmente prácticas que se inscriben en la necesidad de evitar responsabilidades personales. Uno de los resultados de todo ello es la “puerta giratoria” y, en consecuencia, la merma de la eficacia del Estado para enfrentar la cuestión de la inseguridad que tanto agobia a los ciudadanos” .

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