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A través de un comunicado titulado “La Corte Suprema, guardiana de la propiedad y el poder”, el Nuevo MAS de Chacabuco apuntó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la reciente resolución que dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Para la organización política, el máximo tribunal de la Nación actúa como una institución que “opera como una estructura clasista diseñada para resguardar las relaciones de producción capitalistas y la propiedad privada de los ricos”, sirviendo como un “salvavidas” a la gestión nacional encabezada por Javier Milei.
El documento señala que la decisión adoptada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se contrapone al rechazo social expresado masivamente en las calles e implica un aval al DNU 70/2023. Desde la agrupación denunciaron que, “de espaldas a la clase trabajadora, que el 6 de agosto pasado salió a movilizarse masivamente en rechazo a la subasta de las tierras del país”, los jueces reabrieron el camino para levantar las restricciones y límites a la titularidad extranjera sobre los recursos estratégicos y el territorio nacional.
En el comunicado, el Nuevo MAS enfatiza el “carácter antidemocrático” del Poder Judicial, cuestionando la perpetuidad y los privilegios que ostentan sus miembros. “Los jueces constituyen una corporación aislada de la sociedad, con cargos de por vida y privilegios económicos excepcionales que los divorcian de las condiciones de vida de la clase trabajadora”, señala la declaración, subrayando que las decisiones del tribunal impactan directamente sobre derechos laborales, políticas públicas y recursos naturales sin responder al mandato del voto popular.
A su vez, la declaración pone la lupa sobre el Decreto 467/2026 firmado por el Ejecutivo, al que califican como un mecanismo para blindar aún más a la corporación judicial. Según se explica, la normativa eliminó las instancias que permitían a ciudadanos, universidades y organizaciones sociales formular observaciones a los candidatos propuestos para integrar el máximo tribunal. “Se trató de una decisión abiertamente antidemocrática, orientada a reducir todavía más las posibilidades de fiscalización sobre uno de los poderes más cerrados y opacos del Estado”, se remarcó.
Al abordar las consecuencias concretas sobre la Ley de Tierras, el Nuevo MAS denunció que la decisión judicial favorece a las fracciones dominantes del capital internacional. “Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti favorecen así a los grandes capitales que cuentan con la capacidad económica para concentrar extensiones de tierra y controlar recursos estratégicos”, explicaron en el escrito, encuadrando este fallo como parte de un alineamiento con el proyecto económico del oficialismo.
Como contrapunto, la agrupación de izquierda reafirmó la necesidad de terminar con la denominada “casta judicial” y con instituciones como el Consejo de la Magistratura. En el comunicado se sostiene que “jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular y sus mandatos deben poder ser revocados por sus electores”. Asimismo, exigen que los sueldos de los magistrados se equiparen a los de un trabajador calificado y se implementen juicios por jurados populares, con el objetivo de democratizar de manera efectiva la administración de justicia en el país.
