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En la tarde del lunes 3 de agosto, la sede nacional del PJ “se convirtió en el epicentro de la resistencia opositora frente a uno de los proyectos más sensibles de la administración libertaria”, dijeron desde ese espacio. En un encuentro encabezado por el secretario de Asuntos Agrarios del partido, Julián Domínguez, el PJ nacional formalizó su enérgico rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Bajo la premisa central de que la tierra es un bien común estratégico, escaso y no renovable, los principales referentes del espacio advirtieron que “la flexibilización de los límites a la extranjerización territorial pone en jaque la soberanía y la seguridad nacional”. En el recinto coincidieron en que el control de la tierra resulta indispensable para la preservación de recursos naturales vitales como el agua, la energía y los minerales.
La cumbre funcionó como un foro de debate que alineó la estrategia del partido frente a lo que el Gobierno denominó “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Además de Domínguez, tomaron el micrófono figuras como los senadores nacionales José Mayans y Eduardo “Wado” de Pedro, el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, la dirigente bonaerense Teresa García y el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Durante su alocución, Julián Domínguez “apuntó directamente a los verdaderos intereses detrás de la desregulación oficialista”. El exministro aseguró que la iniciativa beneficia a “los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía”. Asimismo, argumentó que la actual Ley de Tierras protege la capacidad futura de decisión del Estado. “El problema no es solo cuánta tierra se extranjeriza, sino dónde se concentra”, enfatizó, destacando que el capital extranjero avanza invariablemente sobre zonas de agua dulce, glaciares, fronteras y proyectos mineros.
Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en la Cámara Alta, José Mayans, cuestionó el título del proyecto por considerarlo “grandilocuente y mentiroso” y denunció vicios de nulidad en su tratamiento parlamentario. En un tono encendido, apuntó contra la figura presidencial: “Este presidente parece un emperador, ya planteó la Ley Ómnibus, la Ley Bases y ahora viene con esta ley. Pero nosotros seguimos en la lucha por la liberación”.
El chaqueño Jorge Capitanich no ahorró en calificativos al definir a la gestión libertaria como “el gobierno más gorila y más vendepatria de la historia”. A su turno, Germán Martínez hizo un llamado urgente a la movilización legislativa: “Tenemos una tarea militante para las próximas sesenta horas: evitar que se instale la idea de que el tema está resuelto”.
La magnitud del repudio peronista quedó graficada en la amplia convocatoria del acto. Participaron, entre otros, diputados y senadores nacionales, diputados provinciales, y dirigentes históricos como Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Kelly Olmos. La pluralidad del encuentro se completó con la asistencia de empresarios, dirigentes sindicales, líderes del sector empresarial, el constitucionalista Eduardo Barcesat y referentes de los derechos humanos.
Para el peronismo, “la posición es innegociable frente al inminente debate en el Senado. Regular la propiedad extranjera es la única vía para evitar subordinar las ventajas nacionales a los intereses externos de actores globales”. En la sede de la calle Matheu, la conclusión fue unívoca: “la tierra argentina debe ser para los argentinos, y cualquier intento de desarticular ese límite funcionará como una cesión irreparable del destino nacional”.
