“El ejercicio de la memoria es una responsabilidad de todo el pueblo argentino”

Se cumplen 50 años este 24 de marzo del último golpe cívico-militar en nuestro país, que dejó inaugurado el período más oscuro y trágico de nuestra historia reciente.

A diferencia de otros gobiernos de facto, este implicó la constitución de una nueva forma de Estado de excepción basada en el terror y el crimen sistemático como forma de disciplinamiento del conjunto social. Para ello requirió una compleja arquitectura: debía aparecer públicamente como respetuoso de los derechos fundamentales; sin embargo, al interior de las fronteras nacionales debía estructurar su faz clandestina, con la desaparición forzada como método y los grupos de tareas operando a través de los centros clandestinos de detención y exterminio.

A partir de marzo de 1976 y de la mano de Martínez de Hoz, se instauró un nuevo modelo económico que modificó el modo de acumulación y redefinió los sectores beneficiarios y excluidos. La política económica posibilitada por el terror permitió la derogación de la legislación social, la disminución del ingreso per cápita de los sectores del trabajo en un 50 %, la concentración del capital en las grandes empresas y la liquidación del aparato productivo en beneficio del capital financiero. La pobreza y la marginación social crecieron exponencialmente, tanto como el endeudamiento del Estado, que pasó de 8 mil millones a más de 45 mil millones de dólares.

Para que esto fuera posible, la perversión del golpe llevó a la desaparición forzada de miles de argentinos y argentinas. Se montó un sistema de apropiaciones ilegales de niños y niñas recién nacidos, hijos e hijas de aquellas presas a quienes mantuvieron con vida hasta el momento de parir y después mataron. Quienes conocen la verdad de los hechos, tanto los represores como sus cómplices civiles, han preferido callar. El pacto de silencio sigue vigente.

Videla declaró, estando preso, que no se arrepentía de nada y que “dormía muy tranquilo”. Además, confesó que necesitaban que lo que pasaba “no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”. Pensemos tan solo por un instante si podemos dimensionar el grado de perversión en el que se enmarcó el terrorismo de Estado: no alcanzó con la forma sádica con la que destruyeron físicamente a miles de seres humanos; se ocuparon de despojar al sujeto de lo que le es más intransferible y de aquello que especifica y singulariza su existencia como tal: el nombre propio. El que mejor lo explicó fue el propio Videla: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendría un tratamiento X y, si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero, mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Esta metodología de privación de la muerte opera en la imposibilidad de llevar adelante el duelo, que queda infinitamente suspendido. Por eso es importante repetir siempre que los crímenes se siguen cometiendo hasta que aparezcan todos los cuerpos y se restituyan todos los nietos. Un ejemplo de esto es que, a 50 años, hace apenas unos días, se identificaron 12 cuerpos de desaparecidos en el centro clandestino La Perla.

A esta altura de la historia, y siendo nuestro país un ejemplo en el mundo por haber juzgado a los responsables del genocidio, es preocupante ver a representantes del Estado disminuir la dimensión de la tragedia argentina. Del mismo modo, escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto que sostienen que no fueron seis millones los judíos asesinados por el nazismo, sino un número inferior, como si la aberración criminal fuera una cuestión aritmética.

Estos dichos, al igual que lo que solemos leer y escuchar en gente de a pie, parten de un error esencial: creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles. El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final, está en poder de los asesinos, que, claro está, se llevan a la tumba esa información.

La CONADEP hizo un enorme esfuerzo durante 8 meses, en los que pudo receptar los testimonios de familiares de víctimas. Pensemos que era el comienzo de la recuperación de la democracia, con los asesinos caminando por las calles y en libertad. Luego del Juicio a las Juntas vino la enorme decepción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los posteriores indultos, que aseguraron la impunidad de los criminales por más de 20 años. ¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos-desaparecidos que no habían hecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía a los criminales?

Recién a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina se tomó la decisión política de construir una cultura de los derechos humanos que atravesara transversalmente a la sociedad y dotara a la totalidad de la administración pública de un enfoque de derechos. Néstor y Cristina emprendieron un camino de recuperación ética de los fundamentos del Estado, con gestos concretos que dieron cuenta del cambio que se operaba en el plano institucional. Por ejemplo, el Estado argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se presentó como querellante en los juicios de lesa humanidad. De esta manera, fijó una recuperación ética al querellar a quienes, desde el control del aparato del Estado, habían perpetrado el genocidio argentino, es decir, convirtiendo al Estado de derecho en querellante del Estado terrorista.

Estas decisiones, que tienen su fundamento en el trabajo por una patria más justa, con memoria, verdad y justicia, no fueron gratis para Néstor y Cristina Kirchner. El poder real no perdona ni olvida a quienes osan modificar el orden establecido, defendiendo los intereses nacionales en favor del pueblo y no de unos pocos. En los 70 desaparecieron a una generación que tenía en claro el proyecto de país que quería construir. En la actualidad, los poderosos se sirven de un Partido Judicial que defiende sus intereses. Por eso, Cristina Kirchner está presa y proscripta. Por eso también intentaron matarla.

La dictadura cívico-militar vino a destruir el entramado social, la organización de los trabajadores, la identidad nacional y a instalar un modelo económico de endeudamiento y destrucción del sistema productivo. Para llevar adelante ese plan económico desaparecieron a una generación política, instalaron el miedo en el pueblo y mandaron a miles de pibes a una guerra injusta contra uno de los ejércitos más profesionalizados del mundo. Hoy, con otros métodos, vemos que los objetivos son los mismos. Por eso insistimos en que no se trata de una historia que deba dejarse de lado: no es una página que deba pasarse. El ejercicio de la memoria es una responsabilidad de todo el pueblo argentino.

A 50 años, y frente al constante coqueteo del gobierno nacional y sus representantes con indultar a los genocidas, las visitas de los diputados libertarios al penal de Ezeiza, la banalización y reivindicación de lo ocurrido en dictadura; este 24 de marzo tenemos que estar en la calle. En nuestra ciudad, en la plaza, o, como nosotros, caminando desde la ex ESMA a Plaza de Mayo, pasando por San José 1111. Para mantener viva la memoria, acompañar a nuestras Madres y Abuelas, y gritar más fuerte que nunca: NUNCA MÁS.

Los genocidas presos.

Cristina Libre

Micaela Olivetto

Militante de La Cámpora
Diputada provincial.