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En el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se desplegaron 121 allanamientos en toda la provincia. La región tuvo un rol protagónico con procedimientos clave en Chacabuco y distritos vecinos para desarticular redes de abuso sexual infantil y acoso virtual.
Una impactante acción judicial conjunta sacudió las estructuras de la delincuencia digital en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se ejecutaron 121 allanamientos coordinados en 76 localidades bonaerenses. El masivo dispositivo apuntó de forma directa contra redes de agresores virtuales, el acoso digital (grooming) y la distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil.
En este escenario de persecución penal, la Región Sanitaria y judicial —con el Departamento Judicial de Junín a la cabeza— funcionó como uno de los nodos centrales de la investigación, registrando un fuerte impacto en los municipios vecinos.
Foco en Chacabuco y la región
Dentro del despliegue regional, la localidad de Chacabuco se convirtió en un punto crítico de las intervenciones. Según informó Diario Democracia, en paralelo a las órdenes dictadas para la cabecera partidaria, se ejecutó un procedimiento en Chacabuco, sumado a otros dos operativos idénticos en Florentino Ameghino y General Arenales, además de cinco allanamientos en la ciudad de Junín.
Si bien los ingresos a las viviendas concluyeron sin personas detenidas de forma inmediata, las autoridades confirmaron que el balance en Chacabuco y la zona fue altamente positivo para el avance de las causas en curso. Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en el secuestro de dispositivos tecnológicos vinculados a cuentas sospechosas que se utilizaban para consumar las maniobras de captación y acoso.
En la región, la dirección de los procedimientos estuvo bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de Junín, conducida por el Dr. Fernando Graffigna, articulando tareas con las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 1, Nº 4, N° 6 y Nº 8. El despliegue en territorio contó con el apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal y el soporte técnico de las Subdelegaciones de la DDI de distritos de la zona como Bragado y 25 de Mayo.
El alarmante perfil de los investigados a nivel provincial
El andamiaje de esta séptima edición del programa de saturación judicial estuvo bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, comandada por el Dr. Julio Conte-Grand. A nivel provincial, el balance arrojó datos estadísticos que encienden alertas máximas en la sociedad:
- Género y Edad: De 111 personas formalmente investigadas por infracciones a los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, 106 pertenecen al género masculino y 5 al femenino. El rango etario oscila entre los 15 y los 75 años, detectándose a dos menores de 18 años como parte activa de las redes de intercambio.
- Contacto con infancias: Se constató que seis de los sospechosos desempeñaban trabajos ordinarios que implicaban un contacto directo, cotidiano y estrecho con niños y adolescentes.
- Menores en riesgo: Los agentes identificaron a 37 menores de edad que convivían bajo el mismo techo con los presuntos agresores en los domicilios requisados, logrando constatar de forma temprana cuatro situaciones compatibles con posibles víctimas directas de abuso.
Tecnología incautada y un hallazgo en las cárceles
La exhaustiva requisa de las viviendas y puntos de conectividad en toda la provincia dejó al descubierto la enorme infraestructura tecnológica utilizada para estos delitos. En total, las fuerzas policiales de cibercrimen incautaron:
- 80 computadoras.
- 160 dispositivos físicos de almacenamiento masivo (discos, pendrives).
- 165 teléfonos celulares de última generación.
Los dispositivos ya comenzaron a ser sometidos a procesos de peritaje informático urgente y triages digitales para extraer evidencia procesal. Durante los operativos, también se secuestraron dos armas de fuego sin autorización legal.
Por último, el megaoperativo desnudó fallas de control en los ámbitos de encierro: entre los objetivos civiles allanados se incluyó una unidad carcelaria del servicio penitenciario provincial. Allí se constató que internos privados de su libertad —que ya cumplían condenas firmes por abuso sexual infantil— continuaban operando activamente en las redes de distribución digital mediante dispositivos móviles clandestinos.
