:fill(blur):format(webp)/2026/08/squeezy.jpg)
A través de un comunicado institucional, la entidad sostuvo que “la seguridad química no puede depender exclusivamente de actuaciones posteriores a la detección de una irregularidad” y afirmó que la protección de la salud pública y del ambiente “exige controles permanentes, trazabilidad de los procesos productivos, cumplimiento estricto de las normas técnicas y la intervención de profesionales idóneos desde el diseño, la fabricación, la importación, la comercialización y el control de los productos”.
En esta línea, el Consejo Profesional de Química recordó que el benceno es un líquido inflamable y altamente volátil derivado del petróleo, ampliamente utilizado en distintos procesos industriales, cuya exposición prolongada puede provocar graves efectos sobre la salud. Asimismo, destacó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo clasifica como un carcinógeno para los seres humanos (Grupo 1).
Según señaló la entidad, la problemática excede el caso puntual del juguete retirado del mercado, ya que la química está presente en una enorme cantidad de bienes de uso cotidiano, como juguetes, envases, plásticos, pinturas, adhesivos, cosméticos y productos de limpieza, por lo que resulta indispensable que las sustancias empleadas durante su fabricación sean manipuladas y controladas bajo estrictos estándares de seguridad.
En ese marco, el presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Colángelo, sostuvo que el caso demuestra que “la prevención comienza mucho antes de que un producto llegue al mercado”, y consideró que los controles deben abarcar todas las etapas del proceso productivo para evitar que productos que no cumplen con las normas alcancen a los consumidores.
Asimismo, Colángelo advirtió que “la seguridad química no puede depender únicamente de inspecciones posteriores”, sino que debe sustentarse en un sistema preventivo que incorpore controles permanentes y la participación de profesionales con formación específica en química.
El Consejo también recordó la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 7020, que regula el ejercicio profesional de la química en la provincia de Buenos Aires, y remarcó que la aplicación de esa norma “no constituye un mero requisito administrativo, sino una garantía para la sociedad”. En ese sentido, el comunicado enfatiza que “los establecimientos industriales, productivos y de servicios que desarrollan procesos vinculados con sustancias químicas deben contar obligatoriamente con profesionales químicos debidamente matriculados”.
Según aclararon, el cumplimiento de la Ley 7020 asegura que las decisiones técnicas vinculadas con sustancias químicas sean adoptadas por profesionales con la formación y la responsabilidad necesarias, contribuyendo a proteger la salud de la población, a los trabajadores y al ambiente.
Finalmente, el Consejo Profesional de Química instó a las autoridades competentes a fortalecer los mecanismos de inspección y control sobre los establecimientos y procesos que involucren sustancias químicas y ratificó su disposición para colaborar técnicamente en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan una gestión segura y responsable de estas sustancias, en estricto cumplimiento de la legislación sanitaria, ambiental y profesional vigente.
