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Periodista y psicóloga social, Patricia Walsh siempre tuvo una gran vocación política que la llevó en 1999 a ser candidata a presidenta de la Nación, obteniendo el cuarto lugar; y cuando se postuló para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2000, su frente político alcanzó a ocupar dos lugares en la Legislatura porteña. Pero fue la banca que Patricia ganó en la Cámara de Diputados de la Nación en 2001 la que le permitió hacer su aporte para cambiar la historia del país, poniendo en jaque a la impunidad.
“Me invita Néstor Kirchner a un acto por el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, como hija de Rodolfo (quien escribió el libro ‘Operación Masacre’ referido al hecho), y decido ir como tal, porque así me había invitado, y no como diputada nacional”.
Patricia ya le había mencionado a Eduardo Luis Duhalde -quien en ese entonces era el Secretario de Derechos Humanos de la Nación- que quería ir a ese acto en Casa Rosada para presentarle el proyecto de ley de Nulidad al presidente. Duhalde en un principio le dijo que no le parecía, pero ante su insistencia él acepta y, al finalizar el acto de homenaje a los fusilados, cuando el Presidente de la Nación se está retirando del salón, el Secretario la llama y le presenta a Kirchner, quien recibe el proyecto en la mano.
“Ahí mismo le digo que para voltear la impunidad sólo hay que tener la voluntad y el número de bancas. No llegué a mencionar la lucha sin la cual nunca nada es posible. Néstor se sonrió y me dio la mano. Fue la primera y única vez que lo vi en persona. Cuando me estoy yendo, Eduardo Luis Duhalde me llama y me dice, sonriendo, que Néstor le pidió que estudiara ese proyecto” recuerda Patricia.
A partir de ahí pidieron una sesión especial para el 12 de agosto de 2003, coincidiendo con el Día de la Reconquista y pensando que, si bien tenían una cantidad considerable de firmas, se trataría de una sesión testimonial. “Me enteré luego que Néstor Kirchner resolvió algo inesperado: ordenó al bloque justicialista asistir a la sesión especial, dar quorum y aprobar el proyecto, primero en Diputados y luego en el Senado. No acordaron anular los decretos de indulto a los genocidas de Carlos Menem, pero sí admitieron anular el Punto Final y la Obediencia Debida de Raúl Alfonsín. Con eso pudimos reabrir los juicios e iniciar nuevos.”
El proyecto se convirtió en ley en el Senado el 21 de agosto de 2003 y la norma fue promulgada por Néstor Kirchner doce días después, el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y constitucional su nulidad, lo que permitió convalidar la reapertura y el inicio de nuevos juicios a cientos de represores, civiles y militares cuyos enjuiciamientos iniciados en 1985 se habían interrumpido con dichos instrumentos de creación de impunidad.
Desde aquella nulidad parlamentaria, y su validación por la Suprema Corte, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) son juzgados por la justicia federal. Hasta el momento se han llevado a cabo 324 juicios con sentencia, 14 juicios orales se encuentran abiertos y se condenó a 1181 represores.
Las leyes de impunidad habían sido impulsadas y entraron en vigencia en un contexto de gran conmoción económica y social (1986-1987), agravado por los distintos focos de levantamientos de militares que
amenazaban con poner fin al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, como el levantamiento carapintada de abril de 1987. ¿Qué implicaban esas leyes?
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986, y estableció la paralización de los procesos judiciales iniciados en 1985 contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) fue dictada el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y consideraba que no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida, un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.
Las víctimas del terrorismo de estado debieron aguardar casi dos décadas la reapertura de los juicios que les permitieran llevar al estrado a los torturadores, violadores y asesinos que formaron parte de los grupos de tareas.
