“50 años: Una fecha que no admite medias tintas”

A 50 años del inicio de la noche más oscura de nuestra historia, la memoria se impone no como un ejercicio de melancolía, sino como un imperativo ético.

Aquel 24 de marzo de 1976 no fue un cambio de gobierno más en la accidentada cronología argentina. Fue una decisión. La tomaron hombres de uniforme que creyeron tener el derecho, y la misión, de interrumpir por la fuerza el orden constitucional.

Lo que vino después es conocido y debe repetirse cuantas veces sea necesario, miles de desaparecidos, centros clandestinos de detención, el horror sistematizado desde el Estado. Un Estado que decide aniquilar a sus ciudadanos desde la clandestinidad pierde toda razón de ser.

Los responsables de ese plan criminal fueron, indiscutiblemente, los integrantes de las juntas militares, quienes desde la cúspide del poder diseñaron una maquinaria de muerte que deshonró el uniforme y la Constitución. Nada de eso admite eufemismos ni relativizaciones.

El primer deber de esta conmemoración es el respeto absoluto e innegociable a las víctimas y a sus familias. El dolor de quienes sufrieron la pérdida, la incertidumbre y el desgarro es la base sobre la cual debe cimentarse el “Nunca Más”.

El golpe no surgió de la nada. Esa es una verdad incómoda que la historia exige sostener sin que sirva de coartada para nadie. Durante décadas, la política argentina había sido un terreno fértil para la intervención militar. Cada crisis de representación, cada vacío de autoridad, terminaba siendo llenado por las Fuerzas Armadas, que se habían arrogado desde los años treinta el rol de árbitros del destino nacional.

En 1976 el país vivía una tormenta simultánea de caos económico, de inflación desbordada y de violencia política que venía de todos lados.

Las organizaciones guerrilleras, Montoneros y el ERP entre las principales, no depusieron las armas cuando la democracia fue restituida en 1973. Todo lo contrario, profundizaron su camino armado ya en pleno gobierno constitucional. Asesinaron, secuestraron, sembraron terror. Su “soberbia armada”, contribuyó al caos y al desprecio por la vida humana que precedió al golpe. Ignorar ese dato haría incomprensible el respaldo que amplios sectores de la sociedad le dieron inicialmente al régimen. Pero comprender el contexto no es justificarlo. Jamás.

Cuando el régimen se derrumbó, consumido por su propia brutalidad y por la catástrofe de Malvinas, la Argentina se encontró ante una encrucijada histórica. A diferencia de otras transiciones como ocurrió en España, Uruguay o Chile, aquí la democracia llegó en medio del colapso, sin red y sin margen. Fue una reconquista apresurada, no una transferencia pactada.

El Dr. Raúl Alfonsín asumió en ese clima de urgencia e incertidumbre. Lo que hizo a continuación requirió una valentía que hoy, desde la comodidad del tiempo transcurrido, es fácil subestimar. Juzgó a los responsables. Juzgó a los jefes de la Junta Militar. Y juzgó también a los líderes de las organizaciones terroristas. Montoneros y ERP no quedaron fuera del banquillo de acusados.

Ese fue el gesto fundacional del Estado de derecho argentino moderno. La justicia de aquel tiempo tuvo la estatura moral de ser completa. Se entendió que la democracia solo podía reconstruirse sobre la verdad integral, sin omisiones por conveniencia política.
El Juicio a las Juntas de 1985 fue una hazaña jurídica e institucional que el mundo admiró. Ningún país latinoamericano lo había hecho antes.

En estos 50 años transcurridos, conviene también reflexionar sobre algo que incomoda, la apropiación simbólica de la fecha. Ciertos sectores políticos parecen pretender el monopolio de banderas que, en realidad, pertenecen a la sociedad argentina en su conjunto. Los derechos humanos no tienen dueño partidario, son el patrimonio moral de un pueblo que decidió decir basta. Intentar reducirlos a una consigna de facción es, en el fondo, empequeñecer la gesta democrática que nos unió a todos. Reclamar el monopolio de la memoria es, además, una forma de instrumentalizar a los muertos. Y eso también es una falta de respeto hacia ellos y sus familias.

Uno de los logros más silenciosos pero más profundos de estos cincuenta años es que la Argentina dejó atrás la costumbre de resolver sus conflictos de esta forma. No es un dato menor. Durante décadas fue casi un reflejo condicionado. Hoy ya no lo es. Pero esa misma sociedad convive todavía con tentaciones peligrosas. La grieta que transforma cualquier discusión en una batalla de bandos, donde los derechos humanos se agitan como bandera partidaria en lugar de reconocerse como el piso mínimo de civilización que compartimos todos.

A cincuenta años del golpe más oscuro de nuestra historia, la única conmemoración que tiene sentido es la que honra a las víctimas sin instrumentalizarlas, la que condena a los culpables sin amnistías discursivas, y la que entiende que la memoria, la verdad y la justicia son de todos o no son de nadie. La democracia se defiende cada día, rechazando tanto la violencia de arriba como la de abajo, y manteniendo las banderas de la memoria limpias de cualquier oportunismo sectario.

Que el recuerdo de las víctimas sea el guardián de nuestra convivencia en paz.