Chacabuco en Red tuvo acceso al trabajo de investigación realizado en el mes de julio por una alumna de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad de Quilmes en donde se aborda la realidad de ambos asentamientos ubicados en Chacabuco y que hoy fueron noticia por un desalojo y un grave enfrentamiento entre la policía y los moradores.
La idea del trabajo fue explicar el tipo de proceso urbano que se viene dando en la localidad de Chacabuco; el asentamiento, conocido como la ocupación irregular de tierras, “una modalidad exclusiva del Gran Buenos Aires que viene replicándose en el interior de la provincia”.
La autora manifestó en la introducción qué se trató de relevar información a través de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chacabuco, “la cual no tuvo interés en brindar datos oficiales, por lo que se presume que no los tenga“. Por lo tanto, se analizaron imágenes satelitales comparando con datos de páginas federales, y, se realizó una entrevista a una mujer que habita en el lugar, la cual permitió facilitar el análisis e interpretación de esta tipología de fenómeno urbano con el marco teórico visto durante la cursada.
Si bien el trabajo es bastante extenso aquí se transcribieron las partes más significativas:
El asentamiento
El asentamiento se encuentra ubicado en las inmediaciones de las vías del tren, y se observa un crecimiento importante en los últimos cinco años (2019-2023).
Los actores que participan en el proceso de tomas de tierra no sólo lo hacen como una resolución habitacional, sino como una mejora a corto y mediano plazo. Llegó en el año 2018, momento en que la ocupación de tierras generaba un proceso de gentrificación en las zonas periféricas de Chacabuco. Los futuros habitantes, marcados por la desigualdad social y precariedad laboral, llegaban por conocidos, de carácter espontáneo e individual. Realizaban la toma de terrenos provocando un proceso de producción urbano distinto, diversificado. En ese momento el asentamiento ocupaba tres manzanas, actualmente, se extiende y está integrado con el Barrio Popular Los Amigos y los Misioneros II.
“Es importante aclarar que los barrios populares se encuentran apoyados y acompañados por algunas organizaciones sociales, que son los actores principales encargados de la identificación y reconocimientos de estos barrios. Actualmente, una parte del barrio está registrada en el ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares), herramienta que los ayuda en la búsqueda de regularización y “legitimación” ante el Estado (objetivo de sus ocupantes), “que no supone un reordenamiento urbano profundo, sino un proceso de carácter social, político y jurídico que legalice la situación existente.” (Cravino, 2020)”.
Se observa la inexistencia de políticas públicas locales que acompañe a este fenómeno urbanístico de ocupación de tierras. Por su parte, ANSES ha realizado el censo para ejecutar la entrega de certificados de vivienda, documento que indica su propiedad y les brinda la seguridad de tenencia.
Servicios públicos
Con respecto a los servicios públicos, han juntado firmas y reclamaron ante el municipio para recibir luz y agua, pero, sólo consiguieron un número de expediente. Mientras tanto, están “colgados” de la luz a un generador de la calle. Hicieron sus propios pozos e instalaron caños de agua corriente al suministro que pasa por la avenida. Esto demuestra que la relación con el municipio es conflictiva desde el inicio, a raíz de su situación de ocupantes ilegales, ya que esta condición de no-propietarios los excluye de poder solicitarlos legalmente.
Dentro de las actividades que desarrollan en comunidad; se encuentran armando una sociedad de fomento y una colectividad paraguaya, siendo construcciones de representaciones lo que les permitirá tener su condición de “vecindad”. Poseen dos comedores comunitarios registrados en el Renacom y muestran interés en recibir talleres de capacitaciones varias, esto demuestra que son un grupo de personas proactivas, con ganas de armar “cosas” para la comunidad. También buscan ayuda en otras localidades (Chivilcoy, Junín, Mercedes) donde hay referentes sociales y oficinas que dependen de organismos nacionales.
Mecanismos de regulación
A nivel nacional, la integración socio urbana de los barrios populares está regulada por la Ley 27.45313 y el Decreto 358/201714. La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) generó una serie de guías y manuales para que los habitantes conozcan las normativas que los ampara, herramientas de regularización dominal, y también, sus derechos y obligaciones. Pero, además de la falta de educación que les impide conocer y leer los requisitos solicitados por dicho organismo, no se encuentra presente (oficina, ni personal) en la localidad de Chacabuco.
De acuerdo a la observación de imágenes satelitales, y a entrevistas a vecinos de los barrios se calcula que hoy viven más de 200 familias en ese lugar, el cual terminará resultando ser demasiado pequeño e insuficiente para satisfacer la demanda habitacional de la población vulnerable actual y de aquellos actores sociales de bajos recursos que continuarán llegando a la ciudad en búsqueda de una solución habitacional.
Conclusión
A través de este trabajo se puede observar la división social del espacio a causa de los efectos de la política en el proceso de desplazamiento de los sectores populares en la ciudad. En este caso, el Estado local no intenta dar soluciones, no interviene, observándose así que no se logran los efectos iniciales con los que se diseñan las políticas provinciales y nacionales. Generando un proceso desestimando, de segregación urbana.
En términos de Cravino (2001), este suceso local no supone un reordenamiento urbano profundo, sino un “proceso de carácter social, político y jurídico que legalice la situación existente”.
Lamentablemente, desarmaron 2 celdas del ferrocarril que años atrás se usaban para el almacenamiento de granos, ahora podrían haberse utilizado para crear algún centro de deportes u otro destino