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El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este viernes al Diputado Nacional, Daniel Arroyo, con quien brindó una conferencia de prensa dialogando, entre otros temas, acerca de la situación de Emergencia en Discapacidad que atraviesa nuestro país en la actualidad. Arroyo es el impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada en el Congreso Nacional, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada nuevamente por el Congreso.
El diputado, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, calificó como “desesperante” la situación que atraviesan las familias y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad debido a la falta de actualización de las prestaciones y la suspensión de la Ley de Emergencia.
Durante una mesa de trabajo en Chacabuco, Arroyo fue enfático al señalar la “insensibilidad permanente” del gobierno nacional, destacando que la problemática ha provocado el colapso de los servicios esenciales, trasladando la carga de la atención a los municipios.
Arroyo detalló que la crisis se debe a que el Estado no actualizó el nomenclador durante todo el año, otorgando solo un aumento del 0,5%. El diputado subrayó que esta falta de actualización representa una “deuda” del Estado con las personas con discapacidad y sus familias, y no un “gasto fiscal”.
Agregó que la situación financiera es insostenible para quienes brindan servicios y dio ejemplos:
• Un acompañante de personas con discapacidad cobrará el año que viene $3.000 pesos la hora, lo que lleva a los trabajadores a buscar otros empleos.
• Un transportista cobra $541 pesos el kilómetro, pero debido a que la nafta cuesta $1.500 pesos, han reducido los traslados de cinco días a dos.
• Los hogares y centros de día están “todos a punto de cerrar”, recurriendo a ferias americanas y rifas para subsistir.
A raíz de esto, hoy las personas con discapacidad “no acceden ni al traslado ni a los medicamentos ni a los acompañamientos ni funcionan los hogares ni funciona el trabajo”.
El diputado recordó que él es autor de la Ley de Emergencia, una norma que fue votada por “todos los espacios políticos” con un gran consenso, buscando reorganizar el sistema de atención.
La ley, que busca restablecer las prestaciones y asegurar que los prestadores cobren lo que corresponde, tiene un impacto fiscal mínimo, de 0,03 puntos del PBI.
Sin embargo, el gobierno la vetó inicialmente, y aunque el Congreso insistió con “más de dos terceras partes” en ambas cámaras y fue finalmente promulgada, el gobierno “la suspendió”. El argumento para la suspensión fue que el Congreso debía indicar de dónde sacar los recursos.
Arroyo calificó esta acción como “inconstitucional”, ya que “nunca sucedió” que se promulgue una ley y se suspenda su aplicación.
Adelantó que hay tres Caminos para la Resolución:
1. El camino del sentido común: Que el gobierno decida “ponerla en marcha”.
2. El camino de la justicia: La justicia ya ha fallado rápidamente a favor de aplicar la ley, incluso diciéndole al gobierno que “no puede vetar la ley, tiene que ponerla en marcha”.
3. El camino del Congreso: Existen varias presentaciones de bloques políticos (incluyendo Unión por la Patria) para interpelar al jefe de gabinete y potencialmente hacer una moción de censura, dada la inconstitucionalidad de la suspensión.
Arroyo instó al gobierno a hacer lo que ya hace cotidianamente, que es sacar recursos de un lado y ponerlos en otro (lo cual hizo recientemente con la propia agencia de discapacidad, seguridad y servicios de inteligencia), pero esta vez “simplemente ponga los recursos en discapacidad porque hay una emergencia”.
En relación con las bajas de pensiones, Arroyo criticó duramente la auditoría realizada por el gobierno, señalando que se hizo “claramente mal”.
El diputado indicó que se obligó a personas a viajar 200 km o hacer 10 horas de cola, y a personas con ceguera de nacimiento se les pidió rehacer todos los estudios. Lo más grave es que de las 110.000 bajas de pensiones, el 40% de las notificaciones (telegramas o cartas documento) no llegaron a destino.
El resultado es que 90.000 personas “nunca se enteraron” de que habían perdido su pensión.
Arroyo sostuvo que el objetivo de una auditoría debe ser ordenar y corregir, no “romper la empresa” o imponer recortes del 30%. Sugirió que la auditoría debe centrarse en los “dos lugares donde hay problemas”: médicos que dieron muchas altas por encima del promedio y localidades con muchísima gente beneficiada.
Finalmente, el diputado propuso que el Congreso plantee que se “den de alta automáticamente al que nunca supo que tenía que ir”, que representan 90.000 de las 110.000 bajas.
Arroyo también criticó la política social, afirmando que, si bien el gobierno aumentó el monto de la Asignación Universal y la Tarjeta Alimentar (que él creó cuando fue ministro), se ha “retirado fuertemente” de otras áreas, sin acompañar a comedores, merenderos, procesos productivos, ni acceso a medicamentos.
Esta retirada provoca que “todo lo que no se resuelve cae sobre el municipio”, incrementando las demandas sobre los gobiernos locales.
Participaron junto al Intendente y el Diputado, el Secretario General, Gustavo Masci; la Concejal, Karina Geloso; el Director del Área de Discapacidad, “Nano” Unsain y el dirigente del Frente Renovador, Hugo Moro.
Tras la conferencia, Golía, Arroyo y demás autoridades se trasladaron al Centro de Día “IntegrArte”, donde recorrieron las instalaciones y compartieron una jornada junto a sus integrantes. Luego, el Diputado Arroyo brindó una charla destinada a familias de personas con discapacidad y público en general, acerca de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el SUM del Hogar del Niño, en ese marco hubo un ida y vuelta de preguntas y respuestas entre el Legislador y el público presente.
Chacabuco en Red transmitió en vivo:
