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La Justicia resolvió suspender el juicio a prueba en el marco de la causa conocida localmente como “Corralón”, una investigación que generó fuerte repercusión en Chacabuco por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos municipales vinculados al área de obras y servicios.
El expediente, que imputa a seis vecinos es por Asociación ilícita, Fraude en perjuicio de la administración pública”, se tramita en el Departamento Judicial Junín y analiza una serie de maniobras que habrían provocado un perjuicio económico a la administración pública local.
Según el Acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba homologado el 16 de diciembre de 2025, el beneficio fue concedido a Lorena Elisabet Postararo y Marcos Andrés Batista, dos de los imputados en la causa. La resolución se adoptó luego de la audiencia celebrada el 11 de diciembre, en la que los defensores particulares solicitaron la aplicación de este instituto legal, reconociendo la culpa de sus defendidos en la maniobra investigada.
En ese contexto, ambos imputados ofrecieron reparar el daño ocasionado mediante un resarcimiento económico. El fallo señala que “los imputados ofrecieron reparar el daño ocasionado mediante el pago de la suma de pesos un millón ($1.000.000) cada uno de ellos, (…) expresando las partes la voluntad de que dicho importe sea destinado, dada la índole del delito imputado, a la Municipalidad de la Ciudad de Chacabuco”.
La propuesta contó con la conformidad del Ministerio Público Fiscal. La fiscal interviniente, Dra. Pamela Ricci, entendió que se encontraban cumplidos los requisitos legales para acceder a la suspensión del juicio a prueba, remarcando que “en caso de recaer condena, la misma podría ser dejada en suspenso, encuadrando la situación en los términos previstos por el artículo 76 bis del Código Penal”.
En la resolución judicial también se deja constancia de que ninguno de los beneficiarios posee antecedentes penales condenatorios y que no revisten la calidad de funcionarios públicos, condición que fue considerada relevante al momento de evaluar la procedencia del beneficio. Asimismo, el tribunal sostuvo que “el monto ofrecido por cada uno de ellos se estima razonable en función de la naturaleza de los hechos investigados”.
El fallo dispone la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, período durante el cual Postararo y Batista deberán cumplir estrictamente con una serie de reglas de conducta. Entre ellas se encuentra el depósito efectivo del dinero comprometido a la orden del tribunal con destino a la Municipalidad de Chacabuco, la fijación de domicilio y el sometimiento al cuidado y control del Patronato de Liberados, que deberá informar al tribunal sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.
No se resolvió aún, el fallo a los ex funcionarios Alegre Pablo Adrián, Gómez Juan Carlos y Vespasiano Gabriel Horacio. También resta el fallo al proveedor Burghetti Bernardo Oscar. La información que Chacabuco en Red tiene hasta el momento es que se está negociando un juicio abreviado que implica reconocer la culpabilidad de las acusaciones para evitar ir a un Juicio Oral.
Cada una de las partes realizó distintas ofertas al tribunal y podría haber definiciones en el corto plazo.
