“Ningún reproche individual puede relativizar el rol del periodismo en su conjunto para la democracia”

Desde el origen mismo de nuestra patria, la libertad de expresión fue concebida como un derecho de todos los argentinos, inseparable de su calidad de ciudadanos.

El periodismo nacional también encuentra su génesis en ese tiempo histórico, expresado en la valentía y pasión de Mariano Moreno y La Gaceta de Buenos Aires, cuya fundación se recuerda en este día.

La Carta Magna de 1853/60 dio a ambos -principios libertad de expresión y ejercicio del periodismo a través de la prensa– jerarquía y protección constitucional, entendiendo el rol estratégico de ambos para la salud del debate público y la auditoría de los actos de gobierno. La reforma de 1994 sumó el Pacto de San José de Costa Rica y el secreto de las fuentes informativas, herramientas para facilitar la labor del periodismo. Miembros de ADEPA contribuyeron además, en 1994, a la redacción de un documento rector sobre la libertad de prensa en el plano internacional: la Declaración de Chapultepec.

En estas cuatro décadas de democracia, el periodismo profesional hizo su aporte a la consolidación institucional. Defendió la vigencia de la Constitución en momentos en que era cuestionada por asonadas militares, desafió el autoritarismo y llevó luz a los pliegues más oscuros y feudales del poder, con casos de enorme repercusión pública como los de María Soledad Morales, el soldado Omar Carrasco, el régimen de los Juárez o la trama de poder e impunidad que le costó la vida a José Luis Cabezas.

El periodismo profesional contribuyó también a marcar las demandas y urgencias ciudadanas en las persistentes crisis económicas y sociales que sufrió el país. Su afán investigativo fue indispensable para denunciar graves hechos de corrupción que atravesaron al poder. Esos casos fueron tomados por la Justicia –y en varias ocasiones, sus responsables condenados– gracias a la tenacidad del periodismo.

El periodismo ha sido fundamental, además, en la denuncia y la crítica de cuantos intentos ha habido por eliminar o degradar las garantías que fundamentan la sociedad republicana y aseguran nuestros derechos. La vigencia plena de estos valores depende esencialmente de la división  de  poderes  establecida por la Constitución Nacional y de la consiguiente autonomía de la Justicia. En este sentido, la prensa también ha sido clave en la forma en que ha auditado en todo tiempo, y hasta el presente, la conducta e idoneidad de los integrantes de los tres poderes del Estado. En épocas más recientes, fue una herramienta clave que contribuyó a afrontar la pandemia con información certera y oportuna.

En definitiva, en estos 40 años, el periodismo argentino ha sido artífice de la configuración de un espacio plural, en el que distintas voces, ideas, mayorías y minorías de la sociedad argentina se pudieron manifestar y sentir representadas. Ese camino estuvo marcado por conflictos con el poder. Estos no deben alarmar en tanto se trate de la natural tensión entre prensa y poder en una democracia. Sí deben marcarse aquellas patologías que transforman esa tensión en persecución, en hostigamiento, en estigmatización, como ha sucedido en buena parte de las dos últimas décadas.

Contar lo que pasa, revelar lo no manifiesto, investigar, pero también analizar, opinar, cuestionar y criticar, son las funciones del periodismo. Funciones que este ejerce con aciertos y errores, con mayor o menor solvencia técnica, con apego a principios éticos o relativizándolos. Cada uno debe dar cuenta de sus actos. Pero en tal caso, ningún reproche individual puede relativizar el rol del periodismo en su conjunto para la democracia ni llevar a una generalización denigrante de la profesión.

La libertad de expresión como derecho de todos los individuos, desde el presidente de la Nación hasta un ciudadano de a pie, implica poder rebatir, cuestionar, refutar y aun responder con dureza en el marco de debates sobre  hechos, ideas e interpretaciones en temas de interés público. Nadie exige que el trabajo periodístico sea aceptado como un dogma de fe ni como algo incuestionable. Pero sí debe ser respeta- do como un oficio legítimo y necesario, como otras tantas disciplinas en la sociedad. Y si se produce alguna actitud reñida con la ley, esta debe ser denunciada concretamente para que sea investigada y sancionada por el Poder Judicial. Así funciona la democracia.

Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario.

Se trata de procesar las diferencias con tolerancia democrática y respeto a la libertad de expresión, obligación que crece cuanto mayor es la responsabilidad pública de quien la ejerce.

Ojalá que estas distorsiones no se profundicen y no repitamos procesos lamentables como los vividos en épocas recientes. Aprender de los errores del pasado, también en este terreno, es parte del desarrollo institucional, económi- co y social que está pendiente en la Argentina.

ADEPA

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas