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Los martilleros y corredores públicos de Chacabuco se encuentran en estado de alerta ante la aparición en el distrito, como ya ha ocurrido en otros, de franquicias inmobiliarias operadas por personas que no cuentan con la debida habilitación para la realización de ventas u otro tipo de operaciones. Este tema, que está incluido en una ordenanza sancionada cuatro años atrás, fue uno de los que se trataron en una reunión mantenida este miércoles a la mañana con el intendente Darío Golía.
Recientemente, el Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Chacabuco celebró que el juez de Faltas N° 1, Ernesto Felice, actuó en el caso de una propiedad situada en Avellaneda y 25 de Mayo en la que se colocó un cartel de venta cuyo dato de contacto era una persona que no es martillero.
Este caso motivó la llegada a Chacabuco del presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, Daniel Carlos Di Palma, que junto a integrantes del Centro de Martilleros local, que preside Adrián Forti, participó en la reunión con Golía.
Antes del encuentro, Di Palma expresó a Chacabuco en Red que el Colegio mantiene asiduas reuniones con autoridades de los municipios que son parte del Departamento Junín con el fin de realizar distintas colaboraciones de “reciprocidad institucional”. Como parte de eso, siguió, se han firmado acuerdos con los gobiernos locales para la realización de tareas propias de la profesión, como tasaciones de inmuebles y estimaciones de valuaciones de mercados, entre otras. También se ha colaborado en el diseño de políticas públicas para la generación de programas de viviendas y urbanizaciones.
A su vez, señaló, el Colegio tiene poder para realizar controles de matrículas. Acerca de esto, dijo, se lleva a cabo “un programa de resguardo de los bienes y los activos de la ciudadanía para que sean comercializados por personas que lleven adelante la operatoria de acuerdo a la ley”.
“Cartelería indebida”
Di Palma agregó que, en los últimos años, la institución promovió la sanción, en los respectivos concejos deliberantes de los distritos, de ordenanzas que favorezcan la labor profesional de martilleros y corredores inscriptos en los colegios profesionales.
“Todo lo que exceda ese marco legal es contrario a la ley y debe ser fiscalizado y sancionado en la medida que corresponda. Para eso son las ordenanzas que han sancionado los municipios, que reconocen la ley en la que el Estado delega en los colegios profesionales el control de la matrícula”, explicó. Por eso, prosiguió, los representantes del Colegio realizan en la vía pública un control de la “cartelería indebida”, así como de “marcas, pseudo franquicias y personas que accedan o pretendan realizar ejercicio ilegal de la profesión sin poder hacerlo”.
“Se lo explico a la comunidad toda: la tarea del martillero y corredor público y su incumbencia profesional solamente puede ser desarrollada por personas que tengan título universitario y que estén colegiadas en los colegios profesionales. Esa persona puede llevar adelante, bajo nombre propio, la apertura de una inmobiliaria, de una oficina comercial y la actividad propia de una incumbencia profesional, como así lo reconoce el propio Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que determina que los únicos que pueden llevar adelante las pericias judiciales son los martilleros y corredores públicos, no otras personas. Es una incumbencia propia de la actividad. Todo lo que exceda a esa actividad y que aparezca en redes sociales, en publicidades o en la vía pública es ilegal”, finalizó.
