Libertad de expresión: Episodios que merecen nuestra atención y seguimiento

Durante la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebrada ayer, se analizaron diversas situaciones con potencial impacto en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la Argentina.

Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara ayer el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión. 

Hubiera llamado la atención, además, que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994.

Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, de modo unánime sostuvo que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

ADEPA reafirma la incompatibilidad de la colegiación obligatoria de los periodistas con el derecho de toda persona a buscar, difundir y recibir informaciones e ideas por cualquier medio, conjuntamente con el derecho de la sociedad a recibir información sin restricciones dispuestas por el Estado o por asociaciones gremiales.

Otras de las cuestiones abordadas ayer por el Consejo Ejecutivo de ADEPA son las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos de nuestro país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales. El trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública. Para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible.

Finalmente, ADEPA insiste en condenar todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases. Y también alerta por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas. 

Buenos Aires, 28 de junio de 2024