Las transferencias que complicarían a los funcionarios Municipales

A medida que avanza la investigación luego de la denuncia de concejales del Frente de Todos por hechos de corrupción en el seno de la secretaría de Servicios Públicos, se empiezan a conocer diferentes pruebas que ya están en manos de la justicia y que serían clave a la hora de demostrar la culpabilidad o no de los involucrados.

En este caso se conocieron los movimientos bancarios del proveedor, Marcos Batista, involucrado en la denuncia. En los mismos se puede ver cómo, el día 4 de Agosto, en una cuenta a su nombre que no tiene dinero, se deposita un cheque, que sería el emitido por el municipio, por una suma total de $200.000. Ese mismo día el proveedor le realiza 5 transferencias al funcionario Pablo Alegre, encargado del Corralón, por una suma total de $55.000. También el mismo día, realiza dos transferencias a la cuenta del subsecretario de Servicios Públicos, Gabriel Vespasiano, por un total de $32.000. Luego de realizadas todas estas transferencias, Batista extrae el resto del dinero de la cuenta, $90.600, en efectivo.

El día 26 del mismo mes se hace otro deposito de un cheque por $200.000 y con el correr de los meses, hasta el 19 de enero, siguen ingresando depósitos, pero ya no se realizan transferencias sino que el dinero se extrae en efectivo por caja. El total de estos retiros por caja hasta el 19 de enero es de $1.934.600. La Justicia deberá definir o no si el dinero de estos retiros también era entregado a los funcionarios.

El 19 de enero ingresa en la cuenta del proveedor un depósito por $180.000 y, ese mismo día, le vuelve a transferir a Vespasiano y Alegre, $85.000 a cada uno y realiza un retiro por caja de $10.000.

Con todas estas pruebas, más las que vaya aportando el propio municipio, y los involucrados en el hecho, la Justicia deberán emitir un fallo que indique por qué el proveedor le transfería a los funcionarios ese dinero, qué tipos de trabajos realizaba para el municipios, si estos fueron realizados en tiempo y forma y sobre todo si se trato de un plan sistemático de funcionarios municipales para quedarse de mala fe con dinero de los ciudadanos de Chacabuco.