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El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito.
La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta, gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich.
El programa entró en marcha a través de su publicación Boletín Oficial y lleva el nombre “Ofensores en Trenes”, es decir que vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa, algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito.
Los considerandos de la resolución explican que el programa tiene por finalidad “la prevención de delitos” solamente en los trenes que a diario es utilizado por 1,2 millones de trabajadores que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal.
Con “Ofensores de Trenes”, los agentes quedan habilitados a solicitar a cualquier persona “la presentación del documento nacional de identidad”, cuya entrega “será obligatoria en todas las circunstancias”, según establece el texto difundido por el Ministerio de Seguridad.
Los datos de la persona serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad. Es decir que, por lo menos, quedará retenido.
Tal como lo dijo con las Táser, la cartera de Seguridad sostiene que “Ofensores en Trenes” busca “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes” y poner la lupa en la “peligrosidad o modalidades que comprometan la libertad y la vida” de las personas.
La medida despertó una serie de críticas desde la política, las organizaciones sociales y de derechos humanos. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, condenó la resolución que, según señaló, “se inscribe en una lógica de criminalización”. “Vamos a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres. Vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, advirtió.
El candidato del FdT resaltó que la iniciativa es un “manotazo de último momento” del gobierno, que intenta “retener el voto que tuvo”, aquel al “que le habla Patricia Bullrich”. “Es al que le garantiza que el gobierno se equivocó cuando le dio derechos a los que están sin derechos y que terminaron tomando las calles pero ahora van a defender la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo”, detalló.
En rigor, las fuerzas de seguridad ya tenían la facultad de solicitar DNI por averiguación de antecedentes. Sin embargo, lo que hace la resolución “es masificarla de una manera tan brutal que, al meterse en una estación de trenes, va a afectar a la señora de Palermo que va a tomar el tren para visitar a la hermana en San Isidro”, ironizó la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú. Además, recordó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas” que luego se generalizan. “La presencia de gendarmes en el patrullaje urbano empezó en ámbitos ferroviarios, el uso de las pistolas Táser, también”, dijo.
El CELS advirtió que “Ofensores en Trenes es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Tampoco se puede detener con fines de identificación. Las ‘facultades implícitas’ son ilegales. Es una medida que criminaliza a les trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Está comprobado que estas medidas ponen en riesgo los derechos fundamentales y, además, son ineficientes para prevenir delitos”.
“Esta decisión del gobierno promueve que las fuerzas de seguridad detengan con criterios discriminatorios. Esto puede dar lugar a graves violaciones a los DDHH, como lo ocurrido con la privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio en 1991 en el ingreso a un recital. Cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional. No importa cuánto tiempo dure el procedimiento. Así lo afirmó la Corte IDH en el caso por la detención arbitraria y la desaparición forzada de IvánTorres”, destacó el CELS.
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