Desde el bloque de concejales de Unión por la Patria queremos llevar claridad frente a las expresiones de la oposición. En primer lugar, no hubo ningún tipo de abuso ni toma del Estado. Los trabajadores estatales, docentes y ciudadanos que se manifestaron lo hicieron ejerciendo derechos constitucionales. Participar de una jornada gremial o movilizarse políticamente no es un privilegio ni una irregularidad: es parte de la vida democrática. En democracia, hacer política no es delito.
Lamentamos profundamente que se intente instalar que la ciudadanía fue “rehén” de la protesta. No se cerraron escuelas por decisión del Municipio ni se forzó a nadie a adherir. Hubo libertad de acción, como corresponde. Y, además, los servicios públicos esenciales funcionaron con normalidad. Así lo informó la Subsecretaría de Servicios Públicos. Las guardias de salud estuvieron cubiertas, el Palacio Municipal atendió con normalidad, y tanto la recolección de residuos como el barrido se cumplieron sin inconvenientes. No hubo parálisis, ni connivencia: hubo responsabilidad institucional.
La Corte solo rechazó un recurso. No revisó el fondo de la causa. La condena quedó firme, pero el juicio sigue cuestionado por sus irregularidades: vínculos políticos, pericias incompletas y falta de imparcialidad. Que haya pasado por instancias formales no garantiza que haya sido justo.
Lo que los ciudadanos no deben padecer es el uso político de la justicia, la persecución mediática ni la estigmatización de quienes piensan distinto.
Defender garantías no es defender delitos. Y la verdadera corrupción es callar cuando la democracia se erosiona.
La ciudadanía ya demostró madurez. Que el debate político esté a la altura.
Bloque de Concejales de Unión por la Patria