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En una jornada de doble sesión y más de 15 horas de debate, la Cámara de diputados aprobó en general esta madrugada el megaproyecto de Solidaridad y Reactivación Productiva enviado por el presidente Alberto Fernández que declara nueve emergencias, suspende la fórmula previsional actual, incrementa las retenciones al agro y grava la compra y los gastos en dólares, entre otros puntos.
Con cambios en artículos clave el texto obtuvo 134 votos a favor, 110 en contra. Se girará al Senado para ser tratada, sobre tablas, este mismo viernes a partir de las 14.
El oficialismo logró darle luz verde en la votación en general con apoyo del interbloque Federal -conducido por Eduardo “Bali” Bucca e integrado, entre otros, por Graciela Camaño y los cordobeses que responden a Juan Schiaretti- y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo del mendocino José Luis Ramón. Ambos bloques habían adelantado su disposición de votar a favor de la normativa en forma general, pero discutir artículo por artículo.
El interbloque de Juntos por el Cambio –que no dio quórum- votó en contra de la ley pero acompañó algunas cuestiones puntuales, como la moratoria a las PyMEs.
“Cada vez que se acumuló poder discrecionalmente terminamos mal. No existe una crisis parecida a la de 2002 ni los números negativos para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades cedidas al Ejecutivo. Es un enorme retroceso imaginar que la crisis solo se resuelve con facultades extraordinarias. No hay tolerancia social para juntar tanta discrecionalidad como en 2015. Nos podrán ganar a nosotros pero no detener a la sociedad”, planteó el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sobre el cierre de los discursos.
A su turno, Máximo Kirchner, como presidente de la bancada del Frente de Todos, retrucó: “Superpoder es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes. Más allá de la verborragia, los tonos y la infundia, los números son números”.
El gobierno debió hacer concesiones para lograr su aprobación. Ya en la previa al debate, eliminó el artículo 85 –que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado- y durante la jornada aceptó modificaciones en los dos temas más sensibles: la suspensión de la movilidad en las jubilaciones y el incremento de las retenciones al agro.
Para la creación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que fija un 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior durante cinco, el oficialismo consiguió la mayoría agravada que requería el tema y lo aprobó con 131 votos afirmativos.
El punto ligado al aumento de retenciones fue el más problemático y consumió largas horas de negociaciones. El proyecto eleva a 33% el tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo.
Para destrabar ese punto, el Presidente adelantó temprano un cambio importante: establecer mecanismos de compensación para pequeños productores y cooperativas.
En esa línea, la bancada oficialista incorporó al texto la creación de un Fondo Solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos”, que será administrado por el Ministerio de Agricultura, que conduce Luis Basterra, a quien se lo vio desfilar por los pasillos del Congreso.
Sin embargo, la bancada de Bucca –que está integrada, entre otros, por los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti y el socialista santafesino, Enrique Estévez- tensó la cuerda. “El mecanismo de compensación no alcanza”, señalaban y pedían un sistema de “segmentación” que diferencie a los productores por zonas geográficas, accesos a puertos y capacidad de producción.
El Frente de Todos incorporó ese pedido al texto y fijó que el “mecanismo de segmentación” deberá ser informado por el Ejecutivo ante una comisión de legisladores, el Consejo Federal Agropecuario y las organizaciones del sector.
Con esos cambios el incremento a las retenciones se aprobó, aunque los cuatro legisladores peronistas de Córdoba y los dos socialistas de Santa Fe votaron en contra.
En el inicio de la sesión, con el número justo -129 presentes- el oficialismo habilitó el tratamiento del texto y lo festejó como un triunfo. En su debut como opositores, los legisladores de Juntos por el Cambio -que no dieron quórum- plantearon discursos duros pero en tonos moderados y el debate fluyó sin exabruptos ni fuertes cruces.
Elisa Carrió si bien asistió a la sesión, no pidió la palabra para hacer discursos dentro del recinto ni estuvo presente en la votación. Tampoco lo estuvo la legisladora de Consenso Federal, Graciela Camaño, quien había sido una de las más activas en las negociaciones de las modificaciones, como la eliminación del artículo 85.
Dentro del paquete se aprobó también la congelación de tarifas, la intervención del ENRE y el ENARGAS, y el mantenimiento de las empresas EDENOR y EDESUR, que funcionan en área metropolitana, en la órbita federal.
La grieta estuvo presente en los discursos. Uno de los puntos en los que Cambiemos hizo mayor hincapié fue en la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que plantea la norma.
“No vamos a permitir que se instale desde el punto de vista del texto que esto es una ley de solidaridad para sacar a la Argentina adelante. Llamemos las cosas por su nombre: esta es una ley de plenos poderes para que el Ejecutivo haga“, planteó Maximiliano Ferraro en el inicio de la discusión.
“Nueve emergencias en tres días son 3 emergencias por día. Una ley que lo cambia todo, en 72, menos de una hora para considerar cada artículo ¿Se puede ser más improvisados?”, se quejó Fernando Iglesias, del PRO, y chicaneó: “¿Van a votar la suspensión de las actualizaciones los que hace dos años nos decían ‘con los abuelitos no’?”
“Terminamos hundidos porque ustedes (Juntos por el Cambio) nos llevaron a este abismo”, se quejó a su turno el kirchnerista Leopoldo Moreau y retrucó: “¡Dejen gobernar, dejen que pongamos en marcha las medidas que nosotros creemos, equivocados o no, que son las necesarias para recuperar la Argentina!”
El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se mantuvo en un término medio: “Acá no hay ni tierra arrasada ni tampoco es que dejamos las bases para empezar a crecer. Ni lo uno, ni lo otro. No tenemos ningún derecho los dirigentes de este país para atribuirnos ese carácter fundacional”, disparó en un mensaje interno al sector más cercano a Mauricio Macri.
Para la sesión volvió al Congreso Elisa Carrió, quien renunció a su banca pero a partir de marzo. Antes de entrar al recinto disparó contra el kirchnerismo. “Esta ley es de puño y letra de (Carlos) Zannini”, planteó y enojada, siguió: “Esto es un atropello liso y llano a la República. Quiero que miren los pobres cómo los están engañando”.
La iniciativa -que en tiempo exprés ingresó al Congreso el martes y obtuvo dictamen en el plenario de comisiones el miércoles- declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
A su vez eleva a 33% el tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo.
El texto también suspende la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016 por 180, hasta que se elabore un nuevo sistema, aunque no involucrará a docentes, científicos y judiciales.
Confiado en que el paquete de medidas será aprobado, el oficialismo convocó a una sesión en el Senado a las 14 de hoy para sellar la ley: la primera de la era Fernández.
FUENTE: CLARIN
