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La investigación en la que está implicado un exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, que renunció a causa de esto, también involucra a un nucleamiento de empresas que desde hace años tiene presencia en Chacabuco, donde instaló semáforos y radares que se utilizan para la realización de fotomultas. La firma en cuestión es la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), que se presenta como una asociación civil que reúne a pequeñas y medianas firmas del sector.
La semana pasada, la Justicia provincial allanó la sede de la empresa de fotomultas, la cual tiene 155 cámaras-radares en distintos municipios. Según el fiscal que está al frente de la investigación, Álvaro Garganta, esas cámaras, algunas de las cuales podrían estar en Chacabuco, se habrían instalado de manera irregular y le permitirían a la empresa tener participación en los millones de pesos que se facturan por las infracciones detectadas a través de los distintos dispositivos.
Un artículo publicado por el sitio Infobae señaló que al momento de pedir los allanamientos, que también incluyeron al domicilio del presidente de la Cámara, Bernardino García, el fiscal sostuvo que CECAITRA “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”. La cámara de empresas niega las acusaciones.
Trabajos con el Municipio
CECAITRA ha emprendido acciones conjuntas con el Municipio de Chacabuco, al menos, desde 2018. En algunos casos fueron capacitaciones sobre seguridad vial para inspectores de tránsito y estudiantes. La Cámara también intervino en la instalación de semáforos provistos de radares que permiten verificar la velocidad de los vehículos. Por caso, en octubre de 2020 personal de CECAITRA instaló los semáforos en la esquina de avenida Alfonsín y calle Mitre. Más adelante, en abril de 2023, personal de la Cámara y del área municipal de Tránsito hicieron una recorrida para evaluar la colocación de radares en los accesos Hipólito Yrigoyen y Juan XXIII.
En el digesto del Concejo Deliberante sólo hay dos ordenanzas sobre convenios suscriptos entre el Municipio y CECAITRA. Las normas llevan los números 9.188 y 9.189, fueron sancionadas el 11 de mayo de 2022 y en su primer artículo convalidan los acuerdos realizados entre ambas partes para “desarrollar acciones de cooperación en materia de asistencia técnica, provisión de tecnología y servicios, para la seguridad vial”. Además, en los dos casos el segundo artículo autoriza la “afectación de fondos” de “futuros ejercicios” para la continuidad de las acciones conjuntas.
En Bragado piden derogar una ordenanza
Esta cámara de empresas también ha realizado convenios con otros municipios de la zona. Uno de ellos es Bragado, donde ya se tomó nota de la situación de CECAITRA y, en estos días, una concejal, Marita Gelitti, del bloque Acción para el Desarrollo, presentó un proyecto para que se deje sin efecto la ordenanza que permite colocar radares en la jurisdicción de ese distrito.
“Tenemos dos radares en ruta 5 y uno en ruta 46 y nada de eso ha contribuido a la mejora en la seguridad vial de las rutas, porque están colocados en lugares donde la principal finalidad es recaudatoria”, dijo la concejal en declaraciones a Bragado Informa. “Además, a las infracciones que no se notifican en tiempo, la casi imposibilidad de defenderse y los montos excesivos de multas, se suman las denuncias que hace meses están siendo investigadas por la Justicia y que derivaron en la salida del ministro de Transporte, una red de corrupción que borraba multas y ahora el allanamiento de la entidad que coloca muchos de los radares, CECAITRA”, agregó.
