“Es la primera vez que se condenan a ex funcionarios por corrupción en Chacabuco”

Estévez recordó que fue él quien impulsó la denuncia cuando se desempeñaba como concejal y presidente de bloque durante la gestión del ex intendente, Víctor Aiola.

“En aquel momento me tocaba ser presidente de bloque y ser concejal en la gestión de Víctor Aiola. A nuestro despacho llegaban muchas denuncias”, comenzó señalando.

Según explicó, el caso Corralón llegó a su bloque a través de información aportada por una persona cuya identidad prefirió resguardar. “Nos llega por una persona la información de lo que estaba sucediendo. A partir de la nota periodística que vos me hacés, el intendente Aiola presenta un escrito en la justicia para que me citen a declarar y aporte los datos que yo tenía”, relató.

Estévez fue citado por el fiscal y declaró acompañado por el abogado del bloque en ese momento, Matías Sassoni. “Aportamos toda la información que habíamos recibido, incluso prueba documental de transferencias bancarias que fueron determinantes para que la justicia pudiera establecer el accionar de estos funcionarios”, afirmó.

Además, detalló que explicaron ante el juzgado el circuito administrativo municipal —preventivas, suministros, presupuestos y pagos— para facilitar la investigación.

El funcionario calificó como “históricos” los allanamientos realizados tanto en el corralón municipal como en dependencias del Palacio Municipal.

“Nunca había sucedido que en el corralón municipal la justicia ordenara un allanamiento. Se retiraron celulares y computadoras de donde se extrajeron presupuestos adulterados. También se allanó el área de Compras”, sostuvo.

Para Estévez, el fallo marca un antes y un después en la política local: “Ya no estamos hablando de un supuesto hecho de corrupción, estamos hablando de corrupción demostrada en la gestión de Aiola”.

El secretario también enumeró otras denuncias impulsadas durante su etapa como concejal, entre ellas la venta de motos a un desarmadero clandestino de Pergamino, la empresa de luces LED en el Parque Industrial, contrataciones con la cooperativa La Fortaleza y la compra de tierra colorada como si fuera tosca.

“De todos esos hechos, este fue el único que terminó con condena, con prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas”, remarcó.

Consultado sobre el rol del ex intendente, fue contundente: “Es imposible tener esta ingeniería de recaudar dinero y que el intendente esté totalmente ajeno”.

También cuestionó el funcionamiento de la comisión investigadora en el Concejo Deliberante durante ese período. “Fue cerrada arbitrariamente. No se aportó información para esclarecer los hechos”, afirmó.

Respecto del fallo —que habló de una defraudación a la administración pública cercana a los 60 millones de pesos y estableció multas de un millón para cada condenado— Estévez opinó: “Por ahí la sentencia deja un sabor a poco, pero lo importante es que la justicia actuó con celeridad y responsabilidad”.

Y agregó: “Esto demuestra que el que hace algo que no corresponde en la función pública tiene que cuidarse porque está la oposición para denunciar y está la justicia para condenar”.

Por último, al ser consultado sobre cómo evitar que hechos similares ocurran en la actual gestión, Estévez destacó la importancia de los mecanismos administrativos.

“Los resortes de control están. Cuando pasa esto es porque no funcionó algún resorte o no quisieron que funcionara. Hay una cadena de responsabilidades: desde el área que ejecuta la obra hasta el último control antes de liberar un pago. Si esos controles funcionan bien, esto no tiene por qué pasar”, concluyó.

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