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En ese sentido, sostuvo que la decisión “no tiene que ver con colores políticos, sino con un tema que nos interpela a todos”.
“La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y obliga al Estado a cumplir con las obligaciones asumidas en la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad, además de actualizar el régimen de emergencia para regularizar los aranceles de los prestadores”, explicó.
Encuentro provincial en La Plata
El pasado jueves 11 de septiembre, el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (Copradis) reunió en La Plata a referentes de 132 municipios bonaerenses. El encuentro tuvo como objetivo escuchar las distintas realidades que atraviesan las localidades ante la suspensión masiva de pensiones por parte del Gobierno nacional.
“Allí se compartieron testimonios de personas con discapacidad que nunca recibieron la carta documento para asistir a la auditoría y fueron dadas de baja, mientras que otras ni siquiera recibieron notificación alguna y se enteraron de la suspensión al momento de ir a cobrar”, relató Bárcena.
Según los datos presentados por Copradis, se enviaron 997.654 cartas documentos en todo el país, de las cuales 504.802 no pudieron ser entregadas por la empresa Andreani, que argumentó falta de condiciones de seguridad para ingresar a ciertos barrios. Esta situación derivó en la baja de miles de pensiones.
Denuncias y vulneración de derechos
Bárcena remarcó que las auditorías se realizaron con “un diseño y una metodología inadecuada”, ya que las notificaciones no estaban en formatos accesibles (braille o lectura fácil), no ofrecían información suficiente y fijaban plazos muy reducidos.
“La Defensoría del Pueblo recibió denuncias de citaciones en domicilios lejanos o inexistentes, sin tener en cuenta la accesibilidad. Esto implica un retorno al modelo médico, viola los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y atenta contra la vida independiente”, advirtió.
En ese marco, sostuvo que las suspensiones “son arbitrarias y ponen en riesgo derechos fundamentales, ya que las personas no solo pierden la pensión, sino también la cobertura sanitaria del programa Incluir Salud”.
Finalmente, recordó que el artículo 28 de la Convención establece que el Estado debe garantizar el acceso a programas de protección social y asegurar un nivel de vida adecuado. Durante el encuentro, además, se entregaron guías y documentación informativa para orientar a las áreas de discapacidad municipales sobre cómo proceder frente a las auditorías.
