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A través de un extenso y ambicioso decreto, el Gobierno Nacional decidió avanzar en una profunda reestructuración del sistema estatal de transporte. Las medidas más resonantes incluyen la disolución de tres históricos organismos: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Sus funciones serán reasignadas a nuevas dependencias o absorbidas por otras ya existentes.
Según el decreto, que se publicará mañana, estas decisiones se enmarcan en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública y habilitó al Ejecutivo a reorganizar organismos para garantizar una gestión más “ágil, transparente y eficiente”.
Disolución de organismos clave
La Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1958, será disuelta debido a lo que el Gobierno considera una “estructura onerosa y poco eficiente”. Parte de sus funciones, como la planificación de infraestructura vial y la elaboración de licitaciones, pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, mientras que el control de las concesiones viales será asumido por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, sucesora de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio del Interior y tenía a su cargo campañas de prevención y el control de rutas nacionales, también será disuelta. Sus tareas serán transferidas en parte a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mientras que el control efectivo en rutas nacionales quedará exclusivamente a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina.
Reorganización de la CNRT
La actual CNRT será transformada en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que concentrará funciones de fiscalización del transporte automotor, ferroviario y de concesiones viales. Este nuevo ente descentralizado asumirá tareas de control, aplicación de sanciones, recepción de reclamos y seguimiento de accidentes ferroviarios, entre otras.
Cambios en la Junta de Seguridad en el Transporte
El decreto también modifica la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Esta nueva agencia mantendrá el enfoque exclusivamente en la aviación civil, mientras que la fiscalización ferroviaria será absorbida por la nueva agencia mencionada anteriormente. Se elimina, asimismo, su competencia sobre accidentes automotores y marítimos, que quedará en manos de fuerzas de seguridad y autoridades locales.
Reducción de estructura y control del gasto
Uno de los fundamentos centrales del decreto es la reducción del gasto público. El documento detalla que al año 2024 había 88.095 agentes en organismos descentralizados, una cifra que casi triplica la del año 2010. Además, se informa que el sistema actual generaba duplicación de funciones, sobredimensionamiento de estructuras administrativas y altos costos operativos.
La reorganización incluirá la evaluación de bienes inmuebles y vehículos en poder de los organismos disueltos, y su eventual reasignación o liquidación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
