Coronavirus y una orientación para enfrentarlo

El domingo se confirmaban 56 casos de coronavirus en Argentina, el presidente Alberto Fernández generó una expectativa importante señalando en una entrevista que para cortar la curva ascendente de contagio estaba “analizando la posibilidad de hacer un corte para darle la posibilidad a la gente de quedarse en su casa. (…) Si lográramos que durante una semana entera todos se quedaran en sus casas y las calles se vaciaran, bueno”. “Estamos evaluando parar la circulación por 10 días”. Todo esto presagiaba decisiones de fondo, que serían anunciadas en la conferencia de prensa de la tarde. Sin embargo, las medidas fueron otras.

Las dos grandes novedades fueron el cierre total de las fronteras y la suspensión de las clases. Todo lo dispuesto en términos del movimiento del país ha sido confuso y contradictorio. La decisión de privilegiar la continuidad del conjunto del trabajo privado en el país, colocando el lucro capitalista como criterio central incluso frente a la perspectiva de una crisis sanitaria, socava la efectividad real de las medidas parciales que se adoptan.

Se ha mantenido todo el funcionamiento comercial, industrial y de servicios al cien por cien, cuando lo que se impone es la reducción de actividades en áreas no esenciales -para reducir los puntos de concentración y, por lo tanto, los riesgos de contagio. Por otra parte, sin existir licencias laborales para quienes tienen menores y mayores a cargo. Exigimos licencia paga a quienes cobran el salario familiar por sus hijos, para garantizar su cuidado, ante el cierre de las escuelas.

La justificación de que es necesario “mantener la producción” para que no haya desabastecimiento es cuando menos polémica. Justamente se ha producido ya el desabastecimiento de los productos de higiene que son requeridos frente a la pandemia, como el alcohol en gel e incluso el alcohol líquido para botiquín. Para garantizar la producción se deben intervenir las empresas que lo fabrican y venden para garantizar su suministro y la no especulación. Y comenzar de inmediato la fabricación por parte del estado.

Cabe destacar la grave situación de los trabajadores monotributistas, en negro y desocupados. Se los coloca ante la disyuntiva de salir a ganarse el pan poniendo en riesgo su salud y sus vidas o conservar sus vidas poniendo en riego su alimentación y supervivencia. Se vuelve urgente un paquete de medidas para garantizar su seguridad: un subsidio estatal para todos ellos por lo que dure la cuarentena, la desafectación del pago del monotributo; cobertura de obra social y servicios médicos. La cuarentena los deja en situación de desempleo o de vulnerabilidad sanitaria. En total en nuestro país, el 44% de la clase obrera trabaja en negro o bajo modalidades de precarización laboral, lo que contrarresta cualquier recomendación sobre la permanencia en cuarentena. Además, están expuesto al contagio de la enfermedad ya que es casi imposible poder “darnos el lujo” de no asistir a los lugares de trabajo.

Las patronales se preparan para paralizar la producción, por la recesión, pero ahorrándose, por supuesto, los costos salariales. El otorgamiento de licencias masivas por cuarentena sería una forma de garantizar la preservación de las fuentes de trabajo, debido a que en este caso son las patronales las que deben garantizar la percepción íntegra del salario. Esto sumado a la prohibición de despidos y suspensiones (extendida a los trabajadores en negro, precarizados y tercerizados) podría cubrir a los trabajadores de los abusos de las patronales. Para que no sean ellos los que paguen el costo de la pandemia.

Necesitamos otra orientación para enfrentar al virus.

La posibilidad de cortar la circulación de la población para “achatar la curva de contagio” como planteó Fernández en la conferencia implica afectar intereses sociales que el gobierno no quiere tocar. El “estudio del impacto económico” lo lleva a cajonear las propias medidas que él mismo consideró favorables unas horas antes.

El pago de la deuda ilegitima y usurario se vuelve crítico en estas circunstancias. Se destinaron U$D 30 millones extras para enfrentar al COVID-19 pero solo Kicillof pagó U$D 277 millones a los bonistas privados en febrero. Y otros $90 mil millones de pesos de servicios de deuda nacional en enero. ¿Cuántos kits de detección del virus podríamos haber comprado con ese dinero?; ¿cuántos subsidios a laburantes en negro entran en esos números? El pago de esa deuda a llevado al desguace de la Salud Pública que tenemos hoy, los faltantes de insumos, respiradores y camas de terapia intensiva para enfrentar el pico de la infección. No hay que pagar un solo peso más y derivar urgente ese dinero al sistema de Salud, al cuidado de nuestros trabajadores de la salud, verdaderos héroes que lo enfrentan en primero línea con las pésimas condiciones laborales que tienen.

El programa para enfrentar la crisis no es difícil de concebir. Pero implica avanzar contra la orientación social regida por los intereses empresariales y el pago de la deuda. Distintos sectores de trabajadores están impulsando sus reclamos frente a la crisis. En este punto es fundamental la formación de comisiones de trabajadores electas por el personal de todos los lugares de trabajo, empezando por los centros de salud. Esto con el objeto de establecer un control de los trabajadores tanto de las medidas necesarias como de su efectiva ejecución.

Desde el Partido Obrero nuestra estrategia sanitaria, tomando el programa de los socialistas, es un sistema único de salud público, universal y gratuito, con aportes patronales y bajo gestión de los trabajadores, en perspectiva de asumir el control del conjunto del Estado. Sino van a haber camas ocupadas con cirugías estéticas en una privada y un hospital público podría estar saturado de casos más graves. Exigirle a las patronales como Siderar, Aluar, Petroleras, Coto, Frávega, Acindar un aporte extraordinario para las obras sociales de sus trabajadores.

El proyecto presentado el viernes 13 por la diputada del Frente de Izquierda Romina del Pla en el Congreso nacional avanza en el mismo sentido: ante todo centralizar el sistema de salud, público, privado y de obras sociales para enfrentar la emergencia bajo un comando único, de manera de que las camas e instalaciones privadas estén al servicio de toda la población al igual que las públicas y de obras sociales. Aumento de presupuesto de salud para garantizar insumos y camas hospitalarias; reforzar el instituto Malbrán donde se realizan los controles del virus; distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes y barbijos; la suspensión total de actividades en escuelas y colegios, con guardias mínimas para los comedores escolares, garantizando los insumos para desinfección e higiene.

La única manera de quebrar los intereses privados que ponen en riesgo la salud y la vida de la población es haciendo valer los intereses y la organización de la población trabajadora.

Partido Obrero Chacabuco