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Se trata del proyecto que impulsó el Gobierno para que el Estado pueda recuperar los bienes de delitos complejos, entre los que se destacan la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
El proyecto establece que el Estado pueda recuperar los fondos y bienes que fueron obtenidos por terceros a través de delitos complejos. A diferencia de la figura del “decomiso”, que ya existe en el Código Penal, la extinción de dominio permitirá la recuperación incluso antes de que exista una condena. De esta manera, se buscará atacar el poder económico de las bandas delictivas para achicar su margen de acción.
El DNU -que tendrá efecto retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años- saldó una vez más por la vía del decreto un debate que había presentado obstáculos para Cambiemos en el Parlamento.
Si el titular del bien bajo sospecha no puede justificar su propiedad, la Justicia civil sentenciará la denominada “extinción del dominio” y su pase a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
También incorpora los delitos contra el orden económico y financiero, especialmente cuando se trate de corrupción. Si se aplicara a casos de coimas no solo se abarcaría al funcionario que recibió el dinero sino al empresario que pagó las dádivas.
El principal mecanismo para que el Estado pueda recuperar el dinero será mediante las subastas: los elementos serán ofrecidos al mejor postor y la recaudación será destinada a “políticas públicas”, según definió el Presidente, con especial énfasis en obras. Antes, esos bienes eran enviados a diferentes dependencias.
FUENTE: TN Y TIEMPO ARGENTINO
