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La mañana de este miércoles ha sido más que amarga para los trabajadores de la empresa fabricante de neumáticos FATE, en su planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. Aquellos que volvían a sus puestos de trabajo luego de sus vacaciones, como también quienes ingresaban al turno matutino se encontraron al llegar con un cartel que les informaba el cierre total de la fábrica y la desvinculación de todos los empleados con la empresa.
Cuando intentaron ingresar a sus puestos de trabajo, la respuesta fue la represión con balas de goma, al tiempo que iban llegando las notificaciones de las familias de que estaban recibiendo en sus domicilios los telegramas de despido.
Los propios empleados de la planta, en testimonios televisivos, aseguraron no haber sido notificados hasta que el conflicto ya se había generado. Un atropello total y absoluto a los derechos de las más de 900 familias que, arbitrariamente y con la complicidad ideológica del gobierno nacional, Madanes Quintanilla pretende dejar en la calle, bajo el argumento del contexto de crisis que atraviesa la economía de nuestro país, particularmente por la apertura indiscriminada de importaciones.
Cabe recordar que hace 14 meses que no reciben aumento de salarios a pesar de que la empresa utilizó la declaración de servicio esencial durante la pandemia para generar una rentabilidad extraordinaria a costas del Estado argentino que pagaba el 50% de los salarios, mientras el directorio determinaba el aumento de los precios de venta en hasta un 400%, violando total y absolutamente el derecho constitucional de la participación de los empleados en las ganancias de la empresa, contemplado en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.
Hacemos énfasis en el argumento de la empresa ya que nos incumbe en el contexto de la discusión por la reforma laboral, que recibió media sanción del Senado Nacional gracias a la complicidad de sectores como el PRO y el radicalismo con el oficialismo y le queda pendiente la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación.
Cualquier conflicto que la empresa tenga con las decisiones del Gobierno Nacional en materia económica no le competen en absoluto a los trabajadores, que son quienes ponen el cuerpo para generar la rentabilidad muchas veces extraordinaria de la empresa, teniendo muchas veces que sufrir enfermedades laborales, cuyos tratamientos son cada vez más difíciles de cubrir por las obras sociales. Esto se suma al aumento exponencial que sufrió el costo de vida en la República Argentina a partir de la implementación de las políticas de ajuste y desregulación que viene llevando a cabo el Gobierno Nacional desde diciembre del año 2023.
Ante esta situación de impunidad, fue el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires quien presentó la conciliación obligatoria, retrotrayendo la situación al inicio del conflicto y dejando sin efecto los 920 despidos; acción a la que luego se sumó la Secretaría de Trabajo de la Nación, a pesar del malestar del oficialismo nacional.
La discusión que se va a llevar adelante en la Cámara de Diputados, independientemente de las exposiciones individuales y los ejes de debate que puedan plantear o desarrollar los legisladores y las legisladoras, básicamente implica si las empresas podrán o no manejarse con el nivel de impunidad con la que Madanes Quintanilla, un empresario cuyo patrimonio asciende a más de u$s1.500 millones según el ranking 2024 de Forbes, pretende dejar a 920 trabajadores en la calle.
Es momento de que los argentinos nos planteemos nuevamente cuál es el país que queremos para nosotros, para nuestros abuelos, para nuestros hijos y nietos. ¿Realmente estamos de acuerdo con que 900 personas se queden sin trabajo y sus familias sin su fuente de ingreso, de un día para el otro y sin previo aviso? ¿Realmente creemos que esta situación, que forma parte de la crisis económica generalizada provocada por las políticas del gobierno de La Libertad Avanza que ya se cargó 21.000 empresas y casi 300.000 puestos de trabajo en lo que lleva de ejercicio, es parte de un proceso necesario?
Tomemos consciencia de la magnitud de lo que se está discutiendo, antes de que sea demasiado tarde. Aún tenemos un país para defender y como dijo alguna vez un gran General: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.
