9 de junio de 1956: la barbarie fusiladora y el odio permanente

En la noche del sábado 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón por la denominada “Revolución Fusiladora”, militares y civiles peronistas intentan recuperar el poder por las armas. Los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, junto con el coronel Oscar Cogorno, encabezan una dispersa rebelión cívico-militar. El intento es abortado en pocas horas y concluye en un baño de sangre. Se sabe que sus planes han sido descubiertos semanas antes por el servicio de inteligencia militar. Están infiltrados y, en síntesis, no tienen ninguna posibilidad de triunfar. El régimen de la “Revolución Fusiladora”, sin embargo, los deja actuar para poder aplicarles una medida ejemplificadora.

El domingo 10 de junio, cuando ya no existen focos de resistencia, el gobierno de facto, encabezado por el general Pedro Eugenio Aramburo y el almirante Isaac Rojas, lanza el decreto número 10.364 que impone la ley marcial. La pena de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces. Sin embargo, se aplica retroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9 y ya se habían rendido y estaban prisioneros. El artículo 18 de la Constitución Nacional vigente hasta ese momento aseguraba, “queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos”. No obstante, con una velocidad sorprendente, el régimen de la “Revolución Fusiladora” ordena que en menos de 72 horas se efectúen 28 fusilamientos de militares y civiles en seis lugares distintos.

Valle se hallaba oculto en el barrio de San Telmo. El general podría haberse asilado en una embajada, pero al atardecer del 12 de junio decide entregarse para poner fin a la matanza. A pesar de que había encabezado el levantamiento antes de la instauración de la pena de muerte, lo fusilan a las 10 de la noche. Aramburo, un católico a ultranza, no tuvo la más mínima piedad cristiana con sus camaradas de armas. Cuando la desesperada hija del oficial condenado a morir fue a la residencia de Olivos a suplicarle que lo perdonara, le informaron que el presidente de facto no la podía recibir porque se encontraba descansando.

La “Revolución Fusiladora” y su continuación, la del 16 de septiembre de 1955, desataron una cacería infernal. Funcionarios, dirigentes políticos, gremialistas, militantes y simples simpatizantes fueron perseguidos y encarcelados. Aumentaron las denuncias sobre torturas brutales. El 5 de marzo de 1956, el decreto 4161 decide que la existencia política del movimiento nacional peronista “ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino”. El nuevo régimen castiga con cárcel el hecho de nombrar a Perón y a Evita, y de exhibir los símbolos partidarios. Se destruyen monumentos y se queman libros escolares. La Ciudad Infantil Evita es arrasada y se clausura la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. El cadáver de Evita, que aguardaba en el segundo piso de la CGT en Azopardo al 800, es vejado ignominiosamente. Más tarde se lo hace desaparecer.

Ese grito de libertad y justicia fracasó en lo militar, pero dejó la mecha encendida señalando el camino para lo que después fue la resistencia peronista. Vaya para ellos nuestro recuerdo y militancia permanente.

Ateneo Arturo Jauretche

Manuel Ugarte